Integra y unifica la regulación integral expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la cual será aplicable a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo; a las actividades complementarias de éstos y a las actividades que realizan los prestadores de los mismos en los términos de la Ley 142 de 1994.
 

Establece los lineamientos y directrices de la política sectorial, la cual incluye la definición de las metas de continuidad, cobertura y calidad para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y, los indicadores y criterios específicos y estratégicos para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico.
 

Adopta disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos números 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012. asimismo, señala el esquema transitorio del servicio de aseo, la obligación de presentar separadamente los residuos, las áreas de servicio exclusivo, la continuidad en la prestación del servicio, el acceso al relleno sanitario, la remuneración a recicladores de oficio, la organización operativa y administrativa de la actividad de reciclaje, la facturación, el programa de separación en la fuente y la coordinación interinstitucional.
 

Se resuelve la demanda de nulidad contra del Decreto 564 de 2012 del Alcalde Mayor, "Por medio del cual se adoptan disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos números 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012." No encuentra el Despacho que en el contenido del acto acusado, se configure conducta alguna tendiente a posicionar al Distrito como agente transgresor de la libre competencia, de los derechos de los usuarios o abuso de la posición dominante. El ente Distrital, debe dar cumplimiento a las órdenes dadas por la Corte Constitucional, en la Sentencia T-724 de 2003 y en los autos 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012; y en el acto demandado, se implementa un modelo transitorio que le permite desarrollar algunas acciones afirmativas en favor de los recicladores, ello teniendo en cuenta que no estaba en condiciones de efectuar invitación a licitación pública pues para eso se necesita que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico verifique la posibilidad normativa de implementar áreas de servicio exclusivo, y para la fecha de expedición del decreto, 10 de diciembre de 2012, la CRA se encontraba efectuando dicho análisis sin que existiera algún pronunciamiento definitivo al respecto. Más aun cuando previo a que se profiriera el esquema transitorio existían unos contratos, cuyas prórrogas vencían en ese mismo mes, y dichos contratos permitían a particulares la prestación del servicio de aseo, en un esquema totalmente privado y por ende con exclusión de otros actores en el proceso como la población recicladora. En materia de servicios públicos, el derecho a la libre competencia se atempera al ser ponderado con tendencias universales de respeto a los derechos humanos, en especial a la dignidad humana y la igualdad. Es por ello que los servicios públicos constituyen un aspecto que directamente le compete al Estado, que dentro del modelo de economía social del mercado, debe asegurar su prestación continua y eficiente.
 

Compila las disposiciones sobre servicio público de aseo. Señala las definiciones, el transporte y recolección de residuos aprovechables y no aprovechables, los aspectos generales en la prestación del servicio público, las actividades del servicio, los costos, el almacenamiento y presentación, el barrido y limpieza en las áreas públicas, lavado de áreas púbicas; corte de césped y poda de árboles (artículos 2.3.2.1.1).
 

Adiciona el Título 2 a la Parte 8 del Libro 5 de la Resolución CRA 943 de 2021 con el objeto establecer los aspectos generales que las personas prestadoras podrán tener en cuenta para suscribir acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en los que se incluya la forma de distribuir los recursos tarifarios que remuneran la prestación de dichas actividades entre personas prestadoras; así como señalar la metodología y condiciones que tendrá en cuenta la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para la solución de conflictos asociados a la remuneración por la prestación de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a solicitud de parte.