Las creaciones del intelecto, y aquellas relacionadas con su divulgación y difusión, en cuanto bienes inmateriales han sido agrupadas, para efectos jurídicos, en los denominados derechos de propiedad intelectual, los cuales, a su vez, comprenden los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial y los derechos sobre descubrimientos científicos, así como otras formas y manifestaciones de la capacidad creadora del individuo.
 

Se promulga el "Tratado de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, en diciembre de 1996, se transcribe texto, Art. 1. Vigencia, Art. 2.
 

Se promulga el "Tratado de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (WPPT)", adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. Vigencia, art. 2.
 

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico debe considerar cuidadosamente las posibilidades y limitaciones del modelo de Licenciamiento de la solución seleccionada. De igual manera, propender por mitigar los riegos o contingencias legales derivados del uso de plataformas o soluciones que involucren innovación protegida por derechos de propiedad intelectual.
 

En lo que hace relación a la propiedad intelectual, la misma ha sido definida por la jurisprudencia constitucional, como aquella disciplina normativa a través de la cual se busca proteger y asegurar las creaciones intelectuales surgidas del esfuerzo, el trabajo o la destreza del hombre, que en todos los casos son dignas de obtener el correspondiente reconocimiento y salvaguarda jurídica. Conforme con ello, a partir de una concepción moderna, y en razón al origen común que los identifica, cual es, la protección de las creaciones del intelecto humano, puede decirse que hacen parte de la propiedad intelectual, no solo los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial, sino también los derechos de obtentor de variedades vegetales.
 

La inscripción de actos, tales como cesiones, transferencias, cambios de nombre y de domicilio, entre otros, relacionados con los derechos de propiedad industrial que deba hacerse en el registro que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá el trámite y cumplirá los requisitos que para ello disponga la Entidad, la cual, a fin de facilitarla, diseñará un formulario único para todo tipo de inscripciones. Así mismo el depósito del nombre comercial tiene carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la fecha desde la cual ese uso es conocido por terceros, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 191 de la Decisión 486. Igualmente, la enseña comercial seguirá el tratamiento contemplado en los artículos 583 y 603 a 610 del Código de Comercio y se le continuará aplicando exclusivamente el sistema de depósito sin efecto constitutivo sobre el derecho. (Artículo 2.2.2.19.1.1 al 2.2.2.19.7.2)
 

La corte sostiene, que la propiedad intelectual es un tipo de propiedad sui generis, en la medida en que guarda semejanzas y diferencias con la concepción clásica de este derecho. En efecto, según esa providencia, comparte, de un lado, los elementos esenciales de la propiedad, - como son "el usus, el fructus y el abusus, con las limitaciones que establecen la Constitución y la ley"- , y del otro, se separa de la noción clásica de propiedad, al presentar algunas de las siguientes características: (a) que el contenido moral del derecho que tiene el autor sobre la propiedad intelectual es inalienable, irrenunciable, imprescriptible e independiente del contenido patrimonial del mismo. Mientras que el derecho de propiedad común, sólo tiene un contenido patrimonial, alienable, renunciable y prescriptible. (b) La propiedad intelectual recae sobre una cosa incorporal. Mientras que la propiedad común, generalmente, recae sobre cosas corporales; y (c) la propiedad intelectual, por determinación de la ley, es temporal (art. 11 de la Ley 23 de 1982, modificado por la Ley 1520 de 2012), mientras que la común es perpetua.
 

El Congreso de la República, desarrolla. fomenta, incentiva y protege las industrias creativas, entendidas éstas como aquellas industrias que generan un valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual; define los sectores de la industria creativa como aquellos que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios, basados en contenidos intangibles de carácter cultural y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. Formulará una Política Integral de la Economía Creativa que la desarrolle y ejecute a través de lineamientos que permitan desarrollar, proteger y acompañar a los sectores objeto de la misma, como creadores de valor agregado de la economía.