Se señala Política de reincorporación a la vida civil, art. 1. Definiciones, art. 2. Proceso de desmovilización, art. 3. Recepción, art. 4. Garantía de los derechos humanos, art. 5. Beneficios preliminares, art. 6 a 10. Proceso de reincorporación a la vida civil y sus beneficios, art. 11 a 21. Protección y atención de los menores de edad desvinculados, art. 22 a 25. Grupos especiales, Duración del programa, Campo de aplicación, Recursos, Difusión, art. 26 a 31. Vigencia, art. 32.
 

Reglamenta el uso de los inmuebles que se destinen en el distrito capital a servir como hogares de paz para personas en proceso de reincorporación a la vida civil.
 

Dicta disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y dicta disposiciones para acuerdos humanitarios. Señala el objeto y el ámbito de la Ley, alternatividad, derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso, víctimas, derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación y desmovilización. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva e individual, principios procesales, investigación y juzgamiento, pena alternativa, régimen de privación de la libertad, competencias de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de justicia y paz, crea la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, con competencia nacional e integrada, encargada de adelantar las diligencias que por razón de su competencia, le corresponden a la Fiscalía General de la Nación; fija la competencia de la Defensoría pública y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz. Derechos de las víctimas frente a la administración de justicia, derecho a la reparación de las mismas, conservación de archivos, acuerdos humanitarios y dicta disposiciones sobre complementariedad de la ley, favorabilidad, entrega de menores, recursos, reincorporación, elección de magistrados de los tribunales superiores que se creen para la aplicación de la presente ley, beneficios, rebaja de penas y sedición.
 

Designa al Secretario de Gobierno de Bogotá, D.C., como el funcionario encargado de autorizar el funcionamiento de los Hogares de Paz en el territorio del Distrito Capital, y de revocar el permiso otorgado cuando se dejaren de cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 1° del Acuerdo 195 de 2005, por el cual se reglamenta el uso de los inmuebles que se destinen en el distrito capital a servir como hogares de paz para personas en proceso de reincorporación a la vida civil.
 

Reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Señala el objeto y ámbito de aplicación de la ley, su naturaleza, acciones tendientes a prevenir la realización de actividades ilícitas por los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley, mecanismos para información sobre bienes, evaluación de los requisitos de elegibilidad de los postulados, de las personas privadas de la libertad de que trata el parágrafo del artículo 10 de la ley 975 de 2005, trámite de las solicitudes de acogimiento a la ley 975 de 2005 elevadas por las personas privadas de la libertad de que trata el parágrafo del artículo 10, mecanismos para garantizar la oportunidad de participación de las víctimas en los procesos judiciales, confesión completa y veraz, acumulación jurídica de penas para efectos de la fijación de la pena ordinaria, cuya ejecución es reemplazada por la pena alternativa, acumulación de procesos, revocatoria del beneficio de la pena alternativa, establecimiento de reclusión para cumplimiento de la pena alternativa, de la entrega de bienes de que tratan los artículos 10, 11 y 17 de la ley 975 de 2005, de la responsabilidad de reparar a las víctimas, mecanismos para la reparación de las víctimas, determinación judicial de la reparación, aplicación de los recursos que integran el fondo para la reparación de las víctimas, programas restaurativos para la reconciliación nacional, comité de coordinación interinstitucional.
 

Determina el procedimiento para obtener la autorización del funcionamiento de los Hogares de Paz en el territorio del Distrito Capital
 

Reglamenta la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 584 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006 y se modifica parcialmente el Decreto 128 de 2003, en materia de desmovilización individual de los miembros de los grupos de guerrilla que se encuentren privados de la libertad.
 

Reglamenta los arts. 10 y 11 de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, por medio de los cuales se establecen los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva e individual respectivamente.
 

Amplia indefinidamente el plazo de la vigencia de los permisos otorgados o por otorgarse en el cumplimiento de control sobre los inmuebles destinados por el Gobierno Nacional a servir de Hogares de Paz o alojamientos en el Distrito Capital. Reitera la vigencia de los literales a, c y d del art. 1 del Acuerdo Distrital 195 de 2005, el cual reglamenta el uso de los inmuebles que se destinen en el distrito capital a servir como hogares de paz para personas en proceso de reincorporación a la vida civil.
 

Reglamenta los artículos 51, numeral 52.7; 52 y 53 de la Ley 975 de 2005, por los cuales se señalan las funciones de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, se define el objeto de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes, y se define su integración, que será un representante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, quien la presidirá; un delegado de la Procuraduría para justicia y la paz; un delegado de la Personería municipal o Distrital; un Delegado del Defensor del Pueblo; y un delegado del Ministerio del Interior y de justicia. Mediante la presente reglamentación, se señala el objeto de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes, sus funciones, régimen de sesiones, e integración de las mismas, indicando que el delegado de la Personería Municipal o Distrital, será quien ocupe el cargo de personero en el municipio o distrito donde funcione la respectiva Comisión Regional para la Restitución de Bienes.
 

Reglamenta la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006 y modifica parcialmente los Decretos 128 de 2003 y 395 de 2007, en materia de desmovilización individual de los miembros de los grupos de guerrilla que se encuentren privados de la libertad.
 

Reglamenta parcialmente el artículo 61 de la Ley 975 de 2005, que tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La reglamentación establece que el Gobierno Nacional con el fin de propiciar acuerdos humanitarios podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de las órdenes de captura en contra de miembros de grupos armados al margen de la ley, solicitud que no conlleva la suspensión del proceso penal.
 

Reglamenta el artículo 50 de la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, y se deroga el Decreto 1059 de 2008, modificado por el Decreto 4874 de 2008.
 

Reglamentan requisitos, características, condiciones y obligaciones para el acceso y otorgamiento de los beneficios sociales y económicos de los programas del proceso de reintegración a la sociedad civil dirigida a la población desmovilizada; procedimiento de suspensión y pérdida de los mismos y culminación del proceso de reintegración.
 

Deroga el Decreto número 4719 de 2008, "por el cual se reglamenta el trámite de acogimiento a los beneficios jurídicos de que trata el parágrafo del artículo 10 de la Ley 975 de 2005". Régimen de Transición. Las solicitudes de postulación que hayan sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, surtirán su trámite de conformidad con lo establecido en el Decreto número 4719 de 2008.
 

En el marco del Acuerdo Final suscrito por el Gobierno Nacional 24 de noviembre de 2016 que dio apertura al proceso inclusivo de justicia transicional en Colombia, se establecen disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, con carácter instrumental que tiene por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo de los puntos 1.3.2.3. y 3.2.2.7. del Acuerdo Final. Contempla unas consideraciones generales y unos requisitos formales y materiales de validez constitucional, que regula materias para las cuales ni el trámite legislativo ordinario ni el procedimiento legislativo especial que prevé el Acto Legislativo 1 de 2016 son idóneos; tiene en cuenta aspectos como las necesidades del medio rural y de comunidades con enfoque diferencial y de acceso equitativo para hombres y mujeres. Establece la competencia a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la política que debe implementar, acorde a las necesidades y condiciones socioambientales; asimismo, el otorgamiento de subsidios de interés social y prioritario para hogares con predios restituidos y para población reincorporada a la vida civil; los recursos que deberán destinarse para su implementación que para el efecto sean apropiados por el Presupuesto General de la Nación bajo la coordinación del Minagricultura.
 

Adiciona un parágrafo al artículo 190 de la Ley 1448 de 2011, en relación al proceso de restitución de los derechos de los niños y niñas adolescentes a cargo del ICBF (Ley 1098 de 2006), desvinculados de las FARC-EP en virtud del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, punto 3.2.2.5. Menores que serán objeto de medidas de especial atención que incluirán los principios orientadores para garantizar la restitución de sus derechos con enfoque diferencial, priorizándose su acceso a la salud y a la educación, que una vez cumplan la mayoría de edad ingresarán al proceso de reintegración social y económica que lidera la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y a otros programas que se acuerden en el marco de un proceso de paz.
 

Decreto ley instrumental que crea un régimen transitorio para acreditación en alta calidad de programas académicos de las Instituciones de Educación Superior  IES, ofrecidos en departamentos donde se localizan municipios priorizados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), medida que pretende la no pér-dida de vigencia del registro calificado de los programas que a 9 de junio de 2017 no cuenten con acreditación; asimismo, la realización de los objetivos o compromisos del Acuerdo Final; tiene el potencial para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo que facilite el aseguramiento y la implementación del Plan Especial de Educación Rural, definido en el punto 1.3.2.2 del Acuerdo Final.
 

En cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, punto 2.2.4, el Gobierno Nacional dicta normas en materia de empleo público, con el fin de facilitar y asegurar la construcción de una Paz Estable y Duradera, para lo cual pone en marcha mecanismos y acciones de capacitación para funcionarios(as) públicos; medidas de lucha contra la corrupción; enfoque territorial con participación de las comunidades y con prelación de los municipios priorizados.
 

El Gobierno Nacional crear el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS-, como instrumento que potenciará el desarrollo rural integral, la no repetición del conflicto armado, la erradicación de la violencia, y la implementación de una solución a la siembra de cultivos de uso ilícito y de esta manera, poder cumplir con una de las medidas de implementación temprana del Acuerdo Final. El programa estará a cargo de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que desarrollará las funciones relacionadas con el Programa en coordinación con las autoridades del orden nacional y territorial, y la participación de las comunidades.
 

Dado que el día D+180 está próximo a cumplirse, se hace pertinente continuar con el proceso de reincorporación a la vida civil de los ex miebros de las FARC-EP, razón por la cual el presidente de la república prorroga la duración de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN) , por dos meses más.
 

Dicta directrices respeto al Proceso de Reincorporación dentro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. SE establece que los ministerios, departamentos administrativos y entidades descentralizadas del orden nacional con funciones relacionadas con la reincorporación de los integrantes de las FARC- EP deberán adelantar las acciones, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, con el objeto de que en el marco de los proyectos con los que cuentan efectúen la focalización de recursos necesarios del presupuesto 2018 y así disponer de la oferta suficiente que permita avanzar en la implementación del proceso de reincorporación y consecuentemente implementar de la mejor manera posible el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
 

Autoriza el reconocimiento económico de los costos asociados a la participación de los integrantes de FARC en proceso de Reincorporación, acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), en los Planes y Programas sociales contemplados en el artículo 17 del Decreto-ley número 899 de 2017 en el marco del Acuerdo Final.
 

Crea la estrategia por medio de la cual la Alcaldía de Bogotá promueve que víctimas del conflicto armado, personas en procesos de reincorporación y/o sus familias residentes en Bogotá se vinculen laboralmente como guías de turismo, intérpretes, orientadores, talleristas u otros roles  en el Museo de la Memoria de Colombia, en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación y otros centros de memoria y reconciliación en el Distrito que han nacido y nacen a partir del Acuerdo de Paz de la Habana.
 

Adiciona la sección 13 al capítulo 1 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda para población de ex integrantes de las FARC- EP que se encuentren dentro de la ruta de reincorporación que lidera la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) o la entidad que haga sus veces.
 

Establece que una de las funciones de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) es administrar los bienes y servicios, así como establecer los suministros para alimentación, económicos o en especie, necesarios para el proceso de reincorporación de los exintegrantes de las FARC-EP.