Las sanciones administrativas deben estar fundamentadas en la ley, por lo cual, no puede transferírsele al Gobierno una facultad abierta en esta materia. No se puede trasladar al Ejecutivo la facultad de señalar las sanciones por la infracción de las disposiciones que dicte en ejercicio de su función de regulación de las actividades financiera y aseguradora y de las relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, así se establezca el límite, que las sanciones sólo pueden ser pecuniarias.
 

Precisa la normatividad aplicable y las tesis contempladas en la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como aquella de mayor acogida por los consejeros, en relación a la caducidad de la potestad sancionatoria del Estado. Adicionalmente, agrega en respuesta a la solicitudes que no se puede perseguir un derecho a perpetuidad, salvo que sea considerado y establecido como espacio público el lugar en el que se construyo el inmueble, y tampoco el ordenamiento jurídico establece un término para que los ciudadanos puedan radicar las solicitudes para dar apertura a las investigaciones administrativas a que haya lugar.