La Corte considera necesario precisar en primer lugar lo siguiente: el hecho de que el Legislador haya decidido regular los centros de arbitramento y atribuirle algunas competencias en la llamada fase prearbitral no es en sí mismo inconstitucional, pues como ya se explicó, la voluntariedad del arbitramento no excluye que el Congreso pueda regular el proceso arbitral. Esta competencia del Legislador es clara, no sólo porque expresamente el artículo 116 superior indica que el ejercicio de la función arbitral se adelanta en los términos que determine la ley, sino además porque, como se explicó, esa intervención legislativa aparece necesaria para amparar el derecho al debido proceso (CP art. 29).
 

Dicta los requisitos para la creación de centros de conciliación y arbitraje y señala un plazo de 60 días para que el Ministerio de Justicia y del Derecho expida el acto administrativo relativo a la solicitud presentada para la creación señalada.
 

Establece los requisitos y procedimiento para la creación de los centros de conciliación y/o arbitraje, señala las personas autorizadas para crear centros de conciliación y/o arbitraje, los requisitos de la metodología de factibilidad para la creación de estos, el procedimiento para la autorización de su creación y la revocatoria de la autorización del centro de conciliación y/o arbitraje.
 

Reglamenta los requisitos que deben cumplir las entidades interesadas en la creación de Centros de Conciliación o Arbitraje y en la obtención de aval para impartir formación en conciliación extrajudicial en derecho; las obligaciones a cargo de los Centros; el marco tarifario para los servicios de conciliación y arbitraje; el manejo de la información relacionada con los trámites conciliatorios; el Programa de Formación que deben cursar y aprobar los conciliadores extrajudiciales en derecho; las funciones de inspección, vigilancia y control del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre Centros y Entidades Avaladas para impartir formación en conciliación extrajudicial en derecho; y el funcionamiento del Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia.