Dicta normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y modifica otras disposiciones. Redistribuye las competencias de la Nación y de las entidades territoriales en materia de ordenamiento del territorio (la Nación, los departamentos, los Distritos Especiales y los municipios). Artículo 29.
 

(...) toda vez que la regulación del uso del suelo, constitucional y legalmente, está asignada a los Concejos Municipales y Distritales (...)(...) Y si bien es cierto que dicha facultad se le otorga de manera excepcional a los Alcaldes, también lo es que ello solo es posible cuando el Concejo no toma ninguna decisión sobre el Proyecto de Acuerdo de revisión, en el sentido de aprobarlo o negarlo en un plazo de 90 días calendario, lo cual no aconteció en el sub lite, pues, como quedó visto, la Corporación Edilicea de Bogotá se pronunció de manera negativa respecto del Proyecto de Acuerdo 118 de 2013, por lo que, se repite, el Alcalde no podía adoptarlo por Decreto. (...)
 

Adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país". En aquellos casos en que los planes de ordenamiento territorial (POT) contengan disposiciones sobre materias cuya reglamentación sea competencia de la Nación, e impidan la ejecución de los planes y programas de interés nacional establecidos en la presente ley, la entidad nacional cabeza del sector correspondiente podrá promover conflicto de competencia administrativa, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que se decida quién es competente para reglamentar el respectivo asunto. En el evento de que el Consejo de Estado conceptúe que las competencias de la Nación fueron invadidas, las autoridades territoriales deberán aplicar las normas de carácter nacional vigentes sobre la materia. (artículo 231).
 

La Sala menciona que la distribución de competencias en materia de ordenamiento del territorio Son competencias de la Nación y de las entidades territoriales en materia de ordenamiento del territorio.