La Sala estima que la potestad impositiva de los Concejos Municipales y Distrital en materia de establecimiento de peajes no es ilimitada, por lo cual el concepto previo vinculante del Ministerio de Transporte que para establecimiento de peajes exige el numeral 10 del art. 6 del Decreto Nacional 101 de 2000, no interfiere en el ejercicio de la autonomía impositiva municipal.