¿¿En el caso de los prepensionados, la protección tiene como fundamento el carácter social del estado colombiano y, por consiguiente, la necesidad de no dejar sin protección a quienes se vean afectados por una situación extraordinaria y masiva, que puede frustrar expectativas ciertas respecto de la pensión de vejez, afectando así el derecho fundamental a la seguridad social en pensiones. Por esta razón la protección del retén social, en calidad de prepensionado, se aplica incluso cuando el cargo que se ocupe se haga en condición de provisionalidad. Aclara la Sala que esto no implica que la estabilidad de un cargo que se ocupa en provisionalidad sea idéntica o asimilable a la de un cargo de carrera que se ocupa con base en un concurso de méritos. Eventos como la provisión del cargo por concurso o el retorno del titular del cargo son motivos legítimos para que al servidor que ocupa un cargo en provisionalidad sea separado del mismo. De manera que, el argumento que ahora se resalta consiste, específicamente, en que para efectos de inclusión en el retén social, el motivo por el que se ocupa un cargo de carrera no resulta un factor diferencial legítimo en nuestro ordenamiento constitucional.¿
 

La Corte Constitucional se refiere al concepto, derechos y obligaciones de las entidades respecto a los beneficiarios de protección especial Prepensionados en los siguientes términos: ¿Por esta razón en la jurisprudencia constitucional se ha entendido que las personas beneficiarias de la protección especial, es decir los prepensionados, serán aquellos servidores que cumplan con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez dentro de los tres años siguientes o, en otras palabras, aquellos a los que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez.¿ La anterior definición es sustentada en las siguientes premisas: ¿i. El retén social, y dentro de éste la protección a las personas próximas a pensionarse, tiene fundamento jurídico en principios de raigambre constitucional. ii. La interpretación más acorde con el contenido esencial del derecho a la seguridad social y que más garantías otorga es aquella que cuenta el término de tres años exigido por el artículo 12 de la ley 790 de 2002 desde el momento en que se suprime el cargo y la persona es retirada del servicio. iii. No obstante el fundamento constitucional del retén social, su concreción práctica no se aplica de forma irrestricta o ilimitada; la misma sigue los parámetros que, en ejercicio de su libertad de configuración, han sido dados por el legislador. En este sentido, y para los casos que ahora nos ocupan, se concluye que el retén social guarda una esencial relación con la aplicación del PRAP, en cuanto los servidores de entidades liquidadas en desarrollo del mismo deberán ser beneficiarios de dicha protección reforzada. iv. Será la entidad en proceso de liquidación o el administrador del patrimonio autónomo de remanentes de la misma el sujeto de derecho encargado de dar cumplimiento a la protección derivada del retén social para los prepensionados, se trate de decisiones tomadas por la propia entidad o de órdenes proferidas por las autoridades judiciales. Concluye la Corte señalando: ¿Es este el contexto y el contenido de la protección creada para los prepensionados en el ordenamiento colombiano y con base en la cual deberán absolverse los requerimientos de amparo por parte de los accionantes en el presente proceso.¿
 

Unifica jurisprudencia en torno al alcance de la estabilidad laboral reforzada para los empleados que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, aspecto que analiza la Corte para unificar jurisprudencia en cuanto a los servidores públicos que ocupan los mencionados cargos, a partir de los criterios para los regímenes especiales de carrera que establece el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de 2004. Un segundo problema jurídico sustancial que analiza, es el relativo al alcance de la figura del prepensionado. Con aclaración de voto, el magistrado que Alberto Rojas Rios, en tanto considera que el test de vulnerabilidad que se propuso para examinar la procedencia del derecho deprecado, impone una carga adicional y desproporcionada para los denominados sujetos de especial protección constitucional, al anteponer la acreditación concurrente de tres condiciones, cuando antaño, bastaba constatar al menos una de ellas para reconocer el estado de vulnerabilidad.
 

Determina que los cargos que ocupan serán ofertados por la CNSC una vez el servidor cause su respectivo derecho pensional.
 

Modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado a la Protección en caso de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos para el personal que ostenten la condición de prepensionados.
 

Considera la Sala que resulta razonable la orden de amparo emitida por el a quo, en tanto que, la protección a la estabilidad laboral reforzada de la accionante la prolongó hasta que esta se encuentre incluida en nómina de pensionados y no solamente hasta que cumpla las 1.300 semanas de cotización, puesto que esto, garantiza la materialización de los postulados constitucionales que protegen su condición de prepensionada.