Establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia. Señala su finalidad, principios y alcance del Régimen, así como las personas excluidas. Establece las facultades y atribuciones del Juez del Concurso, la competencia para conocer del proceso de insolvencia, los requisitos de inicio del proceso de reorganización, inicio del proceso, efectos del inicio del proceso de reorganización, calificación y graduación de créditos y derechos de voto e inventario de bienes, acuerdo de reorganización, efectos, ejecución y terminación de los acuerdos de reorganización y de adjudicación, proceso de liquidación judicial, y dicta disposiciones sobre promotores o liquidadores, créditos legalmente postergados en el proceso de reorganización y de liquidación judicial, continuación de los procesos ejecutivos en donde existen otros demandados, obligaciones posteriores al inicio del proceso de insolvencia, interrupción del término de prescripción e inoperancia de la caducidad, servicios públicos, acción revocatoria y de simulación, legitimación, procedimiento, alcance y caducidad, presupuestos de ineficacia, procesos ejecutivos alimentarios en curso, transparencia empresarial, facultades de los apoderados, funciones de conciliación de las superintendencias, responsabilidad civil de los socios, administradores, revisores fiscales y empleados, inhabilidad para ejercer el comercio, validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización. Regula la insolvencia transfonteriza y determina el procedimiento para el acceso de los representantes y acreedores extranjeros ante las autoridades colombianas competentes, el reconocimiento de un proceso extranjero y medidas otorgables, la cooperación con tribunales y representantes extranjeros y los procesos paralelos.
 

Modifica el artículo 120 de la Ley 1116 de 2006, señalando que a los promotores de acuerdos de reestructuración de las sociedades de capital público y las empresas industriales y comerciales del Estado de los niveles nacional y territorial, les serán aplicables, en materia de exclusión de la lista, cesación de funciones, remoción, recusación e impedimentos, las normas sobre el particular previstas en la presente ley, siendo el competente para adelantar dichos trámites la Superintendencia de Sociedades, la cual decidirá en uso de facultades jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política. De la misma forma, la Superintendencia de Sociedades resolverá todos los asuntos pendientes de decisión o nuevos, de los previstos en los artículos 26 y 37 de la Ley 550 de 1999.
 

Reglamenta el artículo 123 de la Ley 1116 de 2006, en cuanto a la inscripción en el registro mercantil de los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía que constan en documento privado. Señala el trámite para la inscripción en el registro mercantil de la cámara de comercio del domicilio principal del deudor y en el de sus sucursales, de las actas y providencias del Juez en el Régimen de Insolvencia, así como el procedimiento para la inscripción de las providencias dictadas por la autoridad colombiana competente con ocasión de la aplicación del Régimen de Insolvencia Transfronteriza.
 

Reglamenta el Parágrafo 2° del artículo 40 de la Ley 1116 de 2006, acerca del efecto general del acuerdo de reorganización y del acuerdo de adjudicación. Indica las entidades y personas con derecho a la devolución de retención en la fuente del impuesto sobre la renta que se les hubiere practicado por cualquier concepto, así como las fechas desde que se producirá la misma. Señala los requisitos, trámite y rechazo de la solicitud para la devolución de la retención en la fuente.
 

Reglamenta los artículos 5°, numerales 9, 67 y 122 parcial de la Ley 1116 de 2006, que establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia, respecto de los cargos de promotores y liquidadores como auxiliares de la justicia. Señala la naturaleza de los cargos, conformación de listas, escogencia, recusación y causales de impedimento para aceptar el cargo, sanciones y cesación de funciones, honorarios y gastos, determinación del activo y del pasivo, garantías.
 

Reglamenta los artículos 5°, numeral 9, 67 y 122 parcial de la Ley 1116 de 2006, que establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia, respecto de los cargos de promotores y liquidadores como auxiliares de la justicia. Señala la naturaleza de los cargos, conformación de listas, escogencia, recusación y causales de impedimento para aceptar el cargo, sanciones y cesación de funciones, honorarios y gastos, determinación del activo y del pasivo, garantías.
 

Reglamenta los artículos 2, 12, 17, 34, 55, 67, 74, 75, 76 y 78 de la Ley 1116 de 2006, que establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia, reglamentación dirigida a los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales, sujetos a dicho régimen.
 

Reglamenta el parágrafo 1° del artículo 34, el artículo 38 de la Ley 1116 de 2006 y el artículo 39 de la Ley 1151 de 2007, respecto de los casos en que será obligatoria o voluntaria la normalización de pasivos pensionales, la constitución de reservas contables, administración conjunta de patrimonios autónomos de diferentes empleadores y la conmutación parcial individual.
 

Establece requisitos para actuar como conciliador extrajudicial en derecho en los trámites de insolvencia económica para la persona natural no comerciante.
 

Establece el Régimen de Insolvencia para la Persona Natural No Comerciante, cuyo objeto es permitirle al deudor, acogerse a un procedimiento legal que le permita mediante un trámite de negociación de deudas en audiencia de conciliación extrajudicial celebrar un acuerdo de pago con sus acreedores y cumplir así con sus obligaciones pecuniarias pendientes sin importar su naturaleza, salvo las originadas en obligaciones alimentarias, ni los procesos ejecutivos correspondientes a las mismas. De igual forma, señala el ámbito y principios de dicho régimen, supuestos de insolvencia económica, competencia de la jurisdicción civil, facultades y atribuciones del conciliador y el proceso para adelantar la declaratoria de insolvencia
 

Modifica los artículos 10, 13, 17, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 41, 44, 121 y 123 de la ley 1116 de 2006.
 

Reglamenta el régimen de insolvencia establecido en la Ley 1116 de 2006, en lo que respecta al Grupo de Empresas y aplica a todos los procesos concursales y a los de reorganización, liquidación y validación de Acuerdos Extrajudiciales de Reorganización en el contexto de un Grupo de Empresas.
 

Se reglamenta la Ley 1380 de 2010 que establece el Régimen de Insolvencia para la Persona Natural No Comerciante. Contenido: CAPÍTULO I: Distribución de competencias asignadas; CAPÍTULO II: Requisitos de la solicitud; CAPÍTULO III: Actuaciones en el trámite de negociación de deudas; CAPÍTULO IV: Atención prioritaria; CAPÍTULO V: Tratamiento de la información; CAPÍTULO VI: Tarifas.
 

Fija la metodología para la constitución de las garantías de promotores, liquidadores y agentes interventores, que amparare el cumplimiento de sus obligaciones legales, incluyendo las generadas del ejercicio de su labor como secuestre de los bienes de la concursada, cuando quiera que sean designados en calidad de tal.
 

Los cargos de promotor y liquidador de patrimonios autónomos afectos a actividades empre¬sariales, sujetos al régimen de insolvencia empresarial serán desempeñados únicamente por auxiliares de la justicia que sean personas naturales
 

Los patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales tienen por objeto principal adelantar en forma organizada la administración o custodia de bienes destinados a procesos de producción, transformación, circulación o prestación de servicios. Los supuestos de admisión al proceso de reorganización de los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales, serán respecto de tales patrimonios los consagrados en el artículo 9 y en el numeral 3 del artículo 10 de la Ley 1116 de 2006. Adicionalmente, el negocio fiduciario no debe estar en ninguna de las causales de extinción de que trata el artículo 1240 del Código de Comercio. En los procesos de insolvencia de patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales, cuando la ley habla del deudor se entenderá que se refiere al patrimonio autónomo; cuando habla de acreedor interno, se entenderá que se refiere al fideicomitente y cuando habla de administradores, se entenderá que se refiere al fideicomitente o a quien ejerce influencia dominante en sus decisiones, o control sobre el mismo, salvo cuando se haga referencia a las obligaciones formales del fiduciario, en los términos de los artículos 1233 y 1234 del Código de Comercio. (Artículos 2.2.2.12.1.al 2.2.2.12.15.) En ese sentido se compila lo referente con el proceso de liquidación judicial, inventario de bienes en el proceso de liquidación judicial, firmas especializadas que realizan avalúos corporativos - procedimiento de validación judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganización; insolvencia de grupos de empresas en los procesos de reorganización y liquidación judicial - figuras jurídicas y económicas que pueden aplicarse durante los procesos de insolvencia (Artículos 2.2.2.13.1.1. al 2.2.2.14.7.8.)
 

La Ley 1116 de 2006 establece el régimen de insolvencia empresarial en Colombia, el cual comprende dos tipos de procesos a saber: (i) los de reorganización empresarial, (ii) los de liquidación judicial. En ese orden, los procesos de liquidación judicial hacen parte de los procesos de insolvencia regulados por dicha Ley (&) De acuerdo con el artículo 1 ibídem, los procesos de insolvencia tienen por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización empresarial o de liquidación judicial. Así, mientras el proceso de reorganización pretende, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos; el proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada de la sociedad y con ello, el aprovechamiento del patrimonio del deudor. (&) El proceso de liquidación judicial de sociedades busca la enajenación de los bienes del deudor, con el fin de satisfacer de manera pronta y ordenada los pasivos de la entidad deudora, con la estricta observancia del orden legal de pagos.
 

Adopta medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica
 

Dicta medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar los efectos de la emergencia social, económica y ecológica en el sector empresarial.
 

Adiciona una competencia a los funcionarios de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia y los Intendentes Regionales, consistente en suscribir actos y providencias en los procesos de Reorganización abreviada y de Liquidación Judicial Simplificada.
 

Expide y adopta los manuales de usuario para tramitar los procesos, procedimientos y trámites de insolvencia, a través de mecanismos digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
 

La Corte Constitucional realiza revisión constitucional del Decreto Legislativo 772 de 2020, Por el cual se dictan medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar los efectos de la emergencia social, económica y ecológica en el sector empresarial.
 

Solicita a las entidades que realicen un análisis al interior de su cartera, para determinar si existen acreencias pendientes de cobro por parte de la empresa OPERADORA MINERA DEL CENTRO S.A.S. y a favor de alguna entidad del Distrito, y para que se evalúe su participación dentro del término legalmente establecido, en el proceso de reorganización que actualmente se adelanta respecto de la empresa OPERADORA MINERA DEL CENTRO S.A.S.
 

Modifica parcialmente el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Comercio como consecuencia de que resulta pertinente ajustar algunas disposiciones del régimen aplicable a los auxiliares de la justicia dentro del Régimen de Insolvencia Empresarial, con el fin de ampliar los requisitos de experiencia y los procedimientos empleados para la conformación de la lista, en razón a la especificidad que tienen los mismos.