Dicta disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas. Prohíbe la celebración de acuerdos que limiten la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos, sin embargo el gobierno puede autorizar la celebración de los mismos, limitando la libre competencia, con el fin de defender la estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o servicios de interés para la economía general y además intervendrá en la fijación de normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materias primas y artículos o mercancías con miras a defender el interés de los consumidores y de los productores de materias primas. Indica que las empresas que produzcan, abastezcan, distribuyan o consuman determinado artículo o servicio, y que tengan capacidad para determinar precios, estarán sometidas a la vigilancia del Estado. Determina que las empresas que se dediquen a la misma actividad económica o participen en la misma cadena de valor, estarán obligadas a informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las operaciones que proyecten llevar a cabo para efectos de fusionarse, consolidarse, adquirir el control o integrarse cualquiera sea la forma jurídica de la operación proyectada.
 

Señala disposiciones complementarias, relacionadas con el cumplimiento de las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas consagradas en la Ley 155 de 1959, cuando se produzcan actos o acuerdos contrarios a la libre competencia o que constituyan abuso de la posición dominante. Fija el procedimiento para determinar si existe una infracción a las normas de promoción a la competencia y prácticas comerciales restrictivas.
 

Actualiza la normatividad en materia de protección de la competencia para adecuarla a las condiciones actuales de los mercados. Indica que las disposiciones sobre protección de la competencia abarcan lo relativo a prácticas comerciales restrictivas, esto es acuerdos, actos y abusos de posición de dominio, y el régimen de integraciones empresariales. Establece que esta ley y la Ley 155 de 1959, así como el Decreto 2153 de 1992 y demás disposiciones que las modifiquen o adicionen, constituyen el régimen general de protección de la competencia, aplicables a todos los sectores y todas las actividades económicas. Determina que la autoridad nacional de protección de la competencia, es la Superintendencia de Industria y Comercio. Regula lo concerniente al control de integraciones empresariales y establece su procedimiento. Confiere beneficios por colaboración con la autoridad, en casos de prácticas restrictivas de la competencia. Fija el régimen sancionatorio en caso de violación de las disposiciones sobre protección de la competencia.
 

Establece las condiciones generales y la forma en la que la Superintendencia de Industria y Comercio, en desarrollo del artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 podrá, en casos concretos, conceder beneficios a las personas naturales y jurídicas que colaboren en la detección y represión de acuerdos restrictivos de la libre competencia.
 

Reglamenta el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 y se modifica el Capítulo 29 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, sobre beneficios a las personas naturales y jurídicas que colaboren en la detección y represión de acuerdos restrictivos de la libre competencia, señala definiciones, presunciones, solicitud, requisitos, convenio, concesión y perdida en el programa de beneficios por colaboración, exoneración de facilitadores, beneficios adicionales. Además se establece el alcance de los acuerdos de estabilidad de sectores básicos de la economía.