El efecto de la perención es la extinción del proceso por su paralización durante un determinado tiempo, por la inactividad de la parte encargada de impulsarlo para adelantar la litis y esta inactividad supone el incumplimiento de una obligación procesal. El interés en la medida adoptada por el legislador al prohibir la perención para las entidades públicas, es la defensa del patrimonio de las entidades estatales que actúan como demandantes; la Corte ha establecido que cuando el establecimiento de un privilegio público se funda en la defensa del bien colectivo concretado en la protección del patrimonio público, la finalidad de dicho privilegio es considerada constitucionalmente legítima.