Regula la forma en que deben rendir las cuentas la Contraloría General de la República, las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales, a la Auditoria General de la República, ente encargado de ejercer la vigilancia de la gestión fiscal, información que debe corresponder al ejercicio fiscal del 1 al 31 de diciembre de cada año.
 

Determina los aspectos generales de la rendición de la cuenta electrónica por parte de la Contraloría General de la República, las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales y su revisión por la Auditoría General de la República.
 

Modifica el artículo 6 de la Resolución Orgánica 6 de 2008 Auditoria General de la República que determina los aspectos generales de la rendición de la cuenta electrónica por parte de la Contraloría.
 

Establece los términos para que la Contraloría de Bogotá, D. C. rinda las cuentas e informes a la Auditoría General de la República en la vigencia 2020.
 

Establece términos excepcionales para la rendición de cuentas e informes sobre la gestión de la vigencia 2020, por parte de la Contraloría de Bogotá, D. C., a la Auditoría General de la República.
 

Hace una adición al texto del parágrafo transitorio del artículo 6° de la Resolución Orgánica número 015 de 2020, Evaluaciones parciales trimestrales respecto de la vigencia 2020. Lo anterior, dada la fecha de entrada en vigor del Decreto-ley 403 de 2020, por la transición normativa, respecto de la vigencia 2020, en la que se realizarán tres evaluaciones parciales trimestrales a las contralorías territoriales.
 

Adopta el procedimiento, la metodología y los parámetros para la certificación anual de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales a partir de la evaluación de indicadores de gestión que permitan medir y calificar sus capacidades para el cumplimiento objetivo y eficiente de sus funciones. La certificación anual de gestión de las contralorías territoriales será expedida por el Auditor General de la República a más tardar el 31 de marzo de la vigencia siguiente a aquella que es objeto de evaluación, y será remitida al Contralor General dé la República dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición.