Reglamenta las Leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012. El proceso penal especial consagrado en la Ley 975 de 2005 es un mecanismo de justicia transicional, de carácter excepcional, a través del cual se investigan, procesan, juzgan y sancionan crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno por personas desmovilizadas de grupos armados organizados al margen de la ley que decisivamente contribuyen a la reconciliación nacional y que han sido postuladas a este proceso por el Gobierno Nacional, únicamente por hechos cometidos durante y con ocasión a su pertenencia al grupo. Este proceso penal especial busca facilitar la transición hacia una paz estable y duradera con garantías de no repetición, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, y la garantía de los derechos de las víctimas. La contribución a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia y con el esclarecimiento de la verdad a partir de la confesión plena y veraz de los hechos punibles cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo, la contribución a la reparación integral de las víctimas, la adecuada resocialización de las personas desmovilizadas y la garantía de no repetición, constituyen el fundamento del acceso a la pena alternativa.
 

El proceso de justicia y paz al que se ha hecho expresa referencia, no obstante tratarse de un procedimiento penal especial, diseñado en un contexto de justicia transicional para investigar juzgar a las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decididamente a la reconciliación nacional, destaca la Corte, está llamado a desarrollarse con estricta sujeción a las garantías sustanciales y procesales propias del Estado de derecho. Al respecto, por fuera de las manifestaciones concretas previstas en las distintas instituciones procesales reguladas por la ley de justicia y paz para el cumplimiento de sus objetivos, de manera especial, el mismo compendio normativo deja en claro que la aplicación e interpretación de sus disposiciones deben llevarse a cabo con pleno acatamiento a las normas constitucionales y a los tratados internacionales ratificados por Colombia, así como también, respetando el derecho al debido proceso, el derecho de defensa y las garantías judiciales de los procesados.
 

Beneficios jurídicos dispuestos en la Ley 1424 de 2010, como mecanismos de justicia transicional.