Reglamenta el otorgamiento de estímulos para los docentes que presten sus servicios en zonas de difícil acceso o en situación crítica de inseguridad o mineras .
 

Una incorporación automática a una carrera administrativa sólo es legítima si se trata de un mecanismo necesario para que el Estado pueda alcanzar objetivos estatales imperiosos. La norma legal cumple ese requisito pues la obligación estatal de prestar el servicio de educación básica es impostergable. El mecanismo de incorporación automática resulta necesario pues no aparecen claramente otros instrumentos menos lesivos de la igualdad de oportunidades y del sentido de la carrera administrativa, y que fueran también idóneos para alcanzar ese mismo objetivo constitucional. Como existen grandes dificultades para satisfacer las necesidades del servicio de educación básica en las zonas de difícil acceso con personal de carrera vinculado por medio de concurso, y este servicio, conforme a la Carta, es impostergable, resulta admisible vincular al escalafón docente a quienes ya estén laborando en la zona, se encuentren en comprobado proceso de profesionalización y reúnan los otros requisitos exigidos por la ley. Esa vinculación automática no puede ser pura y simple. El mecanismo es constitucional si se le considera como absolutamente excepcional, esto es, como un instrumento extraordinario que sólo se admite por las dificultades para garantizar la continuidad del servicio de educación básica en las zonas de difícil acceso. El trato diferente determina beneficios generales sólo si los docentes vinculados por este excepcional mecanismo de incorporación automática permanecen en las zonas de difícil acceso, pues si se permite su traslado, la afectación a la igualdad de oportunidades y a los principios propios de la carrera ya no tendría justificación. Si tales docentes desean laborar en otras zonas deberán someterse al requisito del concurso.
 

La ley 115 de 1994 y el decreto reglamentario 707 de 17 de abril de 1996 prevén los estímulos para los docentes que presten sus servicios en zonas de difícil acceso o en situación critica de inseguridad o mineras, estas zonas se determinan en los reglamentos que expidan las autoridades del nivel departamental, distrital y municipal. El Decreto 1242 de 1977 perdió vigencia con motivo de la expedición del Decreto ley 2277 de 1979. Para el Distrito Capital rigen las resoluciones 701 y 1328 de 1996, expedidas en desarrollo de las competencias otorgadas por la ley 115 de 1994 y por el decreto reglamentario 707 de 1996.
 

La fijación de una bonificación especial en favor de los docentes estatales que presenten sus servicios en zonas de difícil acceso o en situación crítica de inseguridad o mineras, no configura una invasión de las competencias de las corporaciones públicas de elección popular de los niveles territoriales, que pueda catalogarse como vulneratoria del principio de autonomía de las entidades territoriales contenido en el artículo 287 superior, pues se trata del ejercicio de una potestad legislativa para efectos del señalamiento del régimen salarial de los docentes estatales como servidores públicos, que encuentra total asidero en el mandato contenido en el artículo 150-19 de la Carta Política.
 

El art. 24 de la ley 715 de 2001, conserva el reconocimiento de los estímulos a los docentes, no admite su cuestionamiento por vulneración de los derechos adquiridos. Diferente sería si la Ley referida se hubiese limitado a derogar el artículo 134 de la Ley 115, sin consagrar un principio sobre la materia. Al precisar que se trata de un asunto inherente al ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Gobierno Nacional el reconocimiento o pago efectivo de la bonificación, capacitación y tiempo, entre otros estímulos, a los docentes que prestan sus servicios en las áreas o zonas señaladas por el legislador, carece de objeto el debate propuesto ante esta jurisdicción, pues la acción pública de inconstitucionalidad tiene como propósito confrontar los preceptos legislativos con los postulados constitucionales, para determinar su conformidad o no con la Carta Política, no así las normas reglamentarias.
 

Reglamenta el art. 24, inciso 6 de la Ley 715 de 2001, en lo referente a los estímulos para los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos estatales ubicados en áreas rurales de difícil acceso. Señala el ámbito de aplicación, enuncia que es área rural de difícil acceso, determina la obligación anual de las secretarías de educación de definir las sedes de los establecimientos educativos ubicados en tal zona y define los estímulos a que pueden acceder los docentes respectivamente.
 

Modifica para el año 2006 la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, para los distintos grados del Escalafón Nacional Docente de que trata el Decreto 2277 de 1979, así como para los educadores oficiales no escalafonados, nombrados en las plantas de personal del sector educativo. Dispone que a partir del 1 de enero de 2007, los docentes y directivos docentes que trabajen en establecimientos educativos de los departamentos creados en el artículo 309 de la Constitución Política, o en establecimientos educativos que tenían la condición de estar ubicados en áreas rurales de difícil acceso, definidas como tales antes de la vigencia de la Ley 715 de 2001, recibirán durante los meses de labor académica un auxilio mensual de movilización.
 

Modifica para el año 2007 la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, para los distintos grados del Escalafón Nacional Docente de que trata el Decreto 2277 de 1979, así como para los educadores oficiales no escalafonados, nombrados en las plantas de personal del sector educativo. Dispone que a partir del 1 de enero de 2007, los docentes y directivos docentes que trabajen en establecimientos educativos de los departamentos creados en el artículo 309 de la Constitución Política, o en establecimientos educativos que tenían la condición de estar ubicados en áreas rurales de difícil acceso, definidas como tales antes de la vigencia de la Ley 715 de 2001, recibirán durante los meses de labor académica un auxilio mensual de movilización.
 

El Decreto 265 de 2000, fue modificado por los Decretos 315 de 2000 y 945 de 2001, razón por la cual el fundamento jurídico de los tres actos administrativos es el mismo; dicho soporte es el Decreto Nacional 707 de 1996, por el cual se reglamenta el otorgamiento de estímulos para los docentes que presten sus servicios en zonas de difícil acceso o en situación crítica de inseguridad o mineras¿ El Decreto 707 citado, perdió su fuerza de ejecutoria al desaparecer de la normatividad vigente, el artículo 134 de la Ley 115 de 1994, que fue derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001¿ al desaparecer el Decreto 707 de 1996 del ordenamiento jurídico, los Decretos Distritales 265 y 315 de 2000, como el 945 de 2001, corrieron la misma suerte de aquel, razón por la cual no se encuentran vigentes¿ el artículo 24 de la Ley 715 de 2001, declarado exequible por la Corte Constitucional a través de Sentencia C-103 de 2003, estableció nuevas condiciones para los docentes que laboran en áreas rurales de difícil acceso, lo cual fue reglamentado mediante Decreto Nacional 1171 de 2004.
 

Modifica a partir del 1° de enero de 2008 la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto-ley 2277 de 1979, y dicta disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal. Establece el auxilio de movilización que será otorgado a los docentes y directivos docentes que trabajen en establecimientos educativos de los departamentos creados en el artículo 309 de la Constitución Política, o en establecimientos educativos que tenían la condición de estar ubicados en áreas rurales de difícil acceso.
 

Reglamenta parcialmente el inciso 6° del artículo 24 de la Ley 715 de 2001 y el artículo 2° de la Ley 1297 de 2009, en lo relacionado con los estímulos para los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos estatales ubicados en las zonas de difícil acceso.
 

Conforma el Comité Técnico Asesor para la definición de las zonas rurales de difícil acceso en el Distrito Capital, así como la determinación de los establecimientos educativos allí localizados. De otra parte, señala que dicho comité estará compuesto por la Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría Distrital de Planeación, entidades que definirán los cargos de los servidores públicos que integrarán el mencionado Comité, que deberá darse su propio reglamento interno.
 

Determina las sedes educativas ubicadas en zonas rurales de difícil acceso, relacionadas en los conceptos técnicos de la Secretaría de Movilidad y convalidada con la información suministrada por los Directores Locales de Educación de Bogotá.
 

Aclara la Resolución 1167 de 2012 en el sentido de incluir sedes educativas ubicadas en zonas rurales de difícil acceso. Ordena a la Dirección de Talento Humano para que a través de la Oficina de Nómina se adelanten las gestiones necesarias para realizar los reconocimientos y demás emolumentos que se deriven del presente acto administrativo.
 

Modifica el articulo primero de la Resolucion 818 del 29 de abril de 2016, por medio de la cual se determinan las sedes educativas rurales de difícil acceso para el año 2016, en el sentido de adicionar la sede educativa Colegio Gabriel Garcia Marquez (IED), con código DANE 211001032501; de la localidad de Usme y la sede educativa Santa Barbara con código DANE 211850001155; del Colegio Rural Pasquilla (IED), código DANE 211850001121; de la localidad Ciudad Bolívar
 

Determina las sedes educativas ubicadas en zona rural de difícil acceso para el año 2019