Establece el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país. Asimismo, señala sus finalidades, reglas, derechos, deberes y políticas de las juventudes, entre otras.
 

Define las condiciones para la elección y funcionamiento de los Consejos Municipales, Locales y Distritales de Juventud, estableciendo términos, requisitos y entidades responsables.