Organiza la jurisdicción de familia y crea unos despachos judiciales.
 

Expide el Código General del Proceso. Regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes.
 

Establece el trámite y términos para la presentación del recurso de apelación contra las sentencias dictadas en procesos de familia en el marco de la implementación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales.
 

Reitera la Corte la orden impartida al Consejo Superior de la Judicatura para que exija la asistencia obligatoria de todos los jueces del país de la jurisdicción de familia a las capacitaciones sobre género que ofrece la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Comisión de Género de la Rama Judicial, con el fin de fortalecer la creación de nuevos marcos interpretativos en perspectiva de género, que permitan la real y efectiva reconfiguración de patrones culturales y estereotipos de género discriminatorios.