Indica que las entidades públicas, en desarrollo de su gestión fiscal, deben implementar mecanismos para vigilar y controlar los fondos y bienes asignados para prever el daño o pérdida patrimonial; para ello señala que es prioritario el establecimiento de controles internos para impedir o minimizar los riesgos sobre sus activos; por lo cual se debe establecer un sistema efectivo de control de inventarios revisado periódicamente; exigir a quienes tienen a cargo el manejo de bienes o fondos la constitución de pólizas, actualizar la información sobre el estado de los activos que conforman su patrimonio personal y diseñar actas de entrega de bienes que sean verdaderos soportes para la ejecución de reclamaciones.
 

La prueba del daño, consistente en el detrimento patrimonial causado a la parte demandante obra en el expediente, no ocurre lo mismo con la prueba de su cuantificación, porque en el contrato de compraventa se estipula el monto correspondiente a la contraprestación -precio del cupo- a la que estaba obligado el comprador, pero no se aportó el medio de convicción del cual se pueda concluir la erogación de dicho monto, por lo cual, se modificará parcialmente la sentencia de primera instancia, prefiriéndose condena en abstracto, con el fin de que se aporte la prueba de lo pagado en cumplimiento de la obligación del contrato de compraventa.
 

Informa la noción legal de daño patrimonial al Estado, y puntualmente al trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías el cual consiste fundamentalmente en una lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos o de los intereses patrimoniales del Estado, por una mala gestión fiscal.