Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
 

Se adoptan los Formularios Únicos Nacionales de Solicitud de Trámites Ambientales. De igual manera se establece los formularios únicos nacionales para la obtención de permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y de control del medio ambiente, éstos formularios son de carácter obligatorio en el territorio nacional por lo que están a disposición de los usuarios por parte de las autoridades ambientales sin generar costo alguno para los usuarios.
 

Se reglamenta el ejercicio de la profesión de Administrador Ambiental. Solo se puede obtener la matrícula profesional ante el Consejo Profesional de Administración Ambiental para ejercer la profesión en el territorio nacional quien haya obtenido el titulo profesional de Administrador Ambiental en una Institución de Educación Superior oficialmente reconocida, con registro calificado del Programa, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional y quien tenga título profesional de Administrador Ambiental obtenido en el extranjero, para la validez del título profesional se regirá para el efecto por lo estipulado por la Ley 962/05, el Decreto 2230/03 y la Resolución 5547/05. De igual manera el Consejo aducido anteriormente exige para tramitar la matrícula profesional ser nacional colombiano en ejercicio de los derechos ciudadanos o extranjeros domiciliados en el país y acreditar el título de Administrador Ambiental de acuerdo con lo consagrado en el literal a) del artículo segundo de la presente ley.
 

¿ el trámite es una serie de pasos o acciones reguladas por el Estado que debe realizar el ciudadano frente a una dependencia, bien sea para cumplir obligaciones o para obtener servicios o beneficios; por su parte, el servicio es el conjunto de actividades que buscan proporcionar un valor agregado a los usuarios, al ofrecer un beneficio o satisfacer sus necesidades.
 

Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, ¿Prosperidad para Todos¿. Se adopta el Programa de Racionalización de Regulaciones y Trámites el cual estará bajo la dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y la Alta Consejería Presidencial para la Gestión Pública y Privada (art. 52); además establece medidas para que los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Territorial racionalicen sus tramiten y procedimientos (art. 232); así como medidas para mejorar la oportunidad , accesibilidad y eficacia de los servicios que se provee a los ciudadanos (art. 234).
 

Por medio de la cual se establece una política antitrámites que impone en cabeza de la función pública obligación de conceptuar sobre la creación de nuevos trámites que afecten a los ciudadanos; se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública ( Art. 75).
 

Señala los postulados por los que debe regirse la Administración Distrital y sus servidores/as públicas con ocasión de la expedición del Decreto Nacional 19 de 2012 ¿ Antitrámites, destacando entre otras cosas, la simplicidad de trámites, así como la obligación de ceñirse a los postulados de buena fe, honestidad, lealtad, sinceridad, moralidad, celeridad y economía, acorde con el artículo 84 de la Constitución Política.
 

Dicta normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios en la Administración Pública. Se aplicará a todos los organismos y entidades de la Administración Pública que ejerzan funciones de carácter administrativo, en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y a los particulares cuando cumplan funciones administrativas. Entre otras medidas señala la incorporación de formatos comunes gratuitos, el incentivo a la utilización de procedimientos por medios electrónicos, la eliminación o reforma de requisitos como la autenticación de documentos privados, la presentación personal y la imposición de huellas dactilares en documentos y procedimientos (excepcionalmente verificación por huella electrónica), la certificación de antecedentes judiciales o la denuncia por perdida de documentos para la expedición de su duplicado; se establece la consulta en línea por parte de las entidades en los sistemas de registros públicos y la consolidación del Sistema Único de Información de Trámites ¿SUIT¿, teniendo como propósito general que los requisitos que se exijan a los particulares para el ejercicio de una actuación administrativa sean racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.
 

Precisa que, por regla general y en aplicación del principio de economía en las actuaciones administrativas, está prohibido exigir la presentación personal en los trámites ante la administración pública, salvo los casos de reconocimiento de derecho con cargo a recursos públicos, apoderado especial y los demás asuntos que establezca la ley de conformidad con el Decreto Ley 2150 de 1995 (art. 33), la Ley 962 de 2005 (art. 5) y el Decreto Ley 19 de 2012.