Se justifica de esta manera la especial obligación de observancia de los estatutos sociales en cabeza de los directivos de las entidades bancarias, pues éstos distan de ser una mera expresión de la voluntad privada pues por una parte, han sido previamente aprobados por el ente de control, y adicionalmente aseguran finalidades relevantes desde el punto de vista constitucional al concretar deberes específicos en el manejo de los recursos captados del público.
 

Reglamenta el artículo 72 de la Ley 1328 de 2009 en materia de titularización de activos no hipotecarios. Las sociedades de servicios técnicos y administrativos que adelanten la titularización de los activos de que trata el artículo 72 de la Ley 1328 de 2009 se constituirán únicamente como sociedades anónimas mercantiles, para lo cual deberán adelantar el trámite de constitución y obtener el certificado de autorización expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como las normas que lo modifiquen o sustituyan.
 

Establece un marco general para la libranza o descuento directo. Para efectos de la presente ley, la entidad operadora, de acuerdo con su naturaleza, será objeto de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera, de Economía Solidaria o de Sociedades, según sea el caso.
 

La Superintendencia Financiera de Colombia se encargará de la vigilancia y el control de todos los aspectos relacionados con el registro y control de los recursos que se manejen con el mecanismo de compensación, sin perjuicio de las demás funciones que le han sido asignadas.
 

Se modifica el Decreto número 1117 de 2013, teniendo en cuenta que algunos institutos de fomento y desarrollo, pese a sus gestiones, no han logrado cumplir los requisitos previstos por el artículo 1° del Decreto número 1117 de 2013, dentro del plazo previsto, siendo necesario que estos institutos de fomento y desa­rrollo continúen sirviendo de mecanismo de financiamiento para que los recursos públicos de las entidades territoriales y sus descentralizadas sean administrados bajo parámetros de seguridad, y que se dirijan al cumplimiento de las actividades anteriormente enumeradas, propendiendo de esta manera por el cumplimiento de la misión constitucional encomendada a las mismas, se requiere establecer un Plan Gradual de Ajuste.
 

La Superintendencia Financiera de Colombia ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, y tiene por objetivo supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados. (Artículo 1.2.1.3.). Las entidades sujetas a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria, se clasificarán en tres niveles de supervisión, de acuerdo con su nivel de activos y el desarrollo o no de actividad financiera. (Artículos 2.11.1.1. al 2.11.1.9.).
 

El control y vigilancia de las administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida, así como del régimen de ahorro individual con solidaridad, será ejercido por la Superintendencia Financiera de Colombia.
 

A la Superintendencia Financiera asigna el control y vigilancia de las entidades administradoras de los planes de capitalización y de pensiones. Se contemplan sanciones a las administradoras como cuando el monto de reserva de estabilización sea inferior al mínimo establecido, generando una multa en favor del Fondo de Solidaridad Pensional. La Superintendencia Financiera imparte todas las órdenes que resulten pertinentes para el inmediato restablecimiento de los niveles adecuados de patrimonio o de la reserva de estabilización.
 

Modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el régimen jurídico de los Fondos Voluntarios de Pensión, que corresponden a un mecanismo o vehículo de captación o administración de sumas de dinero u otros activos, integrado con los aportes de los partícipes y patrocinadores del mismo y sus rendimientos, para ser gestionados de manera colectiva y obtener resultados económicos colectivos, con el fin de cumplir uno o varios planes de pensiones de jubilación e invalidez, y la Superintendencia Financiera de Colombia autorizará su constitución y ejercerá la supervisión.
 

Modifica el Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado con las reglas para la emisión en el mercado de valores, se reglamenta el artículo 2° del Decreto Legislativo 817 de 2020 y se dictan otras disposiciones, con el fin de continuar elevando los estándares de protección de los inversionistas, realizando algunos ajustes a la figura del Representante Legal de los tenedores de bonos, potencializando su función para prestar servicios más eficientes y de conformidad con las necesidades del mercado.