El registro mercantil se llevará por las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución.
 

Establece las autoridades que deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los proyectos de acto administrativo que se propongan expedir con fines de regulación, así como las reglas aplicables para que esta entidad pueda rendir concepto previo acerca de la potencial incidencia de la regulación sobre la libre competencia económica en los mercados, de acuerdo con el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009.
 

Instruye a las Cámaras de Comercio del país para que reporten a la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Protección de la Competencia, cada vez que reciban una solicitud para inscripción en el Registro Mercantil de las empresas inscritas en él, que impliquen una consolidación, fusión, escisión, obtención de control de empresas e integraciones entre ellas, cualquiera que sea la forma jurídica de la operación proyectada.
 

Imparte instrucciones a propietarios y administradores de establecimientos para el consumo de alimentos y bebidas (Hoteles, restaurantes, bares, clubes sociales o culturales, griles, discotecas, cafeterías y similares), con el propósito de simplificar el suministro de in-formación sobre la voluntariedad de la propina para garantizar el respeto de los derechos de los consumidores y aclarar que en ningún caso es admisible la expedición de prefactura, cuenta de cobro, precuenta o similares, en la medida en que el propietario o administrador del establecimiento de comercio tiene la obligación de expedir la correspondiente factura de venta o documento equivalente.
 

Modifica el Título I de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, para actualizarlo a las exigencias legales en cuanto a la reglamentación de las PQR y de las normas generales relacionadas con las instrucciones generales de las actuaciones que se adelantan ante la entidad.
 

Reasigna algunas funciones i) al Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), ii) a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), iii) a la Comisión de Regulación de Energía y Gas iv) a la Superintendencia de Industria y Comercio y v) a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) asignadas al Ministerio de Minas y Energía.
 

Se escinden de la Superintendencia de Industria y Comercio, las funciones establecidas en los numerales 26, 27, 28, y 29 del artículo 1 del Decreto 3523 de 2009, relacionadas con la meteorología científica e industrial. Para cumplir las funciones escindidas, se crea la Unidad Administrativa Especial de carácter técnico, científico y de investigación, denominada Instituto Nacional de Metrología -INM-, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se establecen su sede, recursos y patrimonio, objetivo, funciones generales, dirección, estructura, adopción de la planta de personal y régimen de transición.
 

Expide el Estatuto del Consumidor, define su objeto como el marco regulatorio de los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores, así como de la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente. Establece sus principios generales; derechos y deberes de los consumidores y usuarios; calidad, idoneidad y seguridad de los productos; normas sobre garantías; prestación de servicios que suponen la entrega de un bien; responsabilidad por daños por producto defectuoso; información mínima y responsabilidad; publicidad; protección contractual; concepto y prohibición de clausulas abusivas; operaciones mediante sistemas de financiación; ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia; protección al consumidor de comercio electrónico, aspectos procedimentales e institucionalidad; facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio; aspectos relacionados con el subsistema nacional de calidad; reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad y disposiciones finales.
 

Modificar el Título VIII de la Circular Única. Instruye a las Cámaras de Comercio del país sobre la forma en que deberán asumir los registros a que se refiere el artículo 166 del Decreto-ley 019 de 2012. Precisa las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio para ejercer las funciones de vigilancia, control e instrucción, respecto del desarrollo de las Cámaras de Comercio.
 

Modifica el numeral 1.1.10 del Capítulo Primero del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. El objeto es instituir a las Cámaras de Comercio del país sobre los criterios que deben tener en cuenta para remitir la información a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las solicitudes de inscripción en el Registro Mercantil de operaciones de fusión, escisión, consolidación, obtención de control de empresas e integraciones entre ellas, cualquiera sea la forma jurídica de la operación y para esto la respectiva Cámara de Comercio debe aplicar ciertos criterios para decidir si remite o no dicha información a la Superintendencia como son los ingresos operacionales y activos totales del año fiscal inmediatamente anterior.
 

Se realiza la corrección del inciso 4° del numeral 1.12.12 del Capítulo Primero del Título VIII de la Circular Única el cual fue modificado por la circular externa 08 del 27 de febrero de 2012.
 

Reglamenta parcialmente las Decisiones 486 y 689 de la Comisión de la Comunidad Andina.
 

Reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, señala la superintendencia de Industria y Comercio determinara los libros necesarios para cumplir con la finalidad del Registro Único Proponentes y dará instrucciones que tiendan a que se llene de acuerdo con la Ley y los reglamentos (Articulo 6.1.2.7) Igualmente establecerá las especificaciones técnicas para el reporte electrónico de información que las entidades estatales están obligadas a suministrar a la Cámara de Comercio sobre contratos adjudicación en ejecución y ejecutados, multas y sanciones en firme de los inscritos.
 

Corrige el numeral 2 del artículo 3°, el artículo que sucede al artículo 47, el Capítulo IV del Título VIII de la Ley 1480 de 2011, el artículo 49 y el numeral 3 del artículo 56 de la Ley 1480 de 2011.
 

Establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones. La superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con lo previsto en la Ley 1340 de 2009, seguirá conociendo de las funciones que el literal d) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, y el artículo 2° de la Ley 680 de 2001, le atribuían a la Comisión Nacional de Televisión. (Art. 13)
 

Expide el Código General del Proceso. Establece la competencia a prevención de la Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre: a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor y, b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal. Establece la competencia a prevención de la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad nacional competentes en materia de propiedad intelectual en los procesos de infracción de derechos de propiedad.
 

La Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades de vigilancia y control establecidas en la normatividad vigente y en especial, en la Ley 1480 de 2011 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, será la entidad competente para vigilar, controlar y hacer cumplir en el mercado las prescripciones contenidas en el reglamento técnico establecido en el presente acto administrativo.
 

Se expide el Reglamento Técnico al que se deben sujetar las Instalaciones para Suministro de Gas Combustible en edificaciones residenciales, comerciales e industriales. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercer la vigilancia y control del Reglamento Técnico, de acuerdo con lo establecido en los Decretos 2153 de 1992 y 2269 de 1993. Conforme a lo establecido en el Artículo 62 de la Ley 1480 de 2011.
 

El presente decreto se aplicará a quienes actúen como avaluadores, valuadores, tasadores y demás términos que se asimilen a estos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1673 de 2013. Además, aplica a las Entidades de Autorregulación de la actividad de valuación que soliciten y obtengan su reconocimiento y autorización de operación para los efectos de la citada ley. Establece algunas definiciones para la aplicación de la norma, define las actividades propias del avaluador, categorías en las que los avaluadores pueden inscribirse en el Registro Abierto de Avaluadores, certificados académicos, Registro Abierto de Avaluadores, función de autorregulación, entre otros. Por último indica que el Superintendente de Industria y Comercio mediante acto administrativo determinará la dependencia o dependencias dentro de su entidad que se encargarán de adelantar las atribuciones que la ley le señala a dicha entidad.
 

La Superintendencia de Industria y Comercio, las alcaldías municipales y las demás autoridades que tengan asignadas competencias de protección al consumidor, deberán tramitar, de forma prevalente, las quejas que se relacionen con los derechos que como consumidores tienen los niños, niñas y/o adolescentes.
 

La Superintendencia de Industria y Comercio vigilará la publicidad regulada por el presente acto administrativo e impondrá las sanciones establecidas en la Ley 1480 de 2011.
 

La Superintendencia de Industria y Comercio deberá adelantar las investigaciones administrativas pertinentes en contra de los organismos evaluadores de la conformidad, los organismos de verificación metrológica y los reparadores autorizados que incumplan sus deberes en relación con su función, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1480 de 2011. (Artículos 92, 103 105).
 

Reglamenta el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 y se modifica el Capítulo 29 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, sobre beneficios a las personas naturales y jurídicas que colaboren en la detección y represión de acuerdos restrictivos de la libre competencia, señala definiciones, presunciones, solicitud, requisitos, convenio, concesión y perdida en el programa de beneficios por colaboración, exoneración de facilitadores, beneficios adicionales. Además se establece el alcance de los acuerdos de estabilidad de sectores básicos de la economía.
 

La Superintendencia de Industria y Comercio salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa como autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales. (Artículo 1.2.1.2.). La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad competente para instruir y expedir reglamentos técnicos metrológicos para instrumentos de medición sujetos a control metrológico. La Superintendencia de Industria y Comercio y las alcaldías municipales ejercerán control metrológico directamente o con el apoyo de organismos autorizados de verificación metrológica en el territorio de su jurisdicción. Por lo tanto, se señalan las directrices en relación con el control metrológico, instrumentos de medida sujetos a control metrológico, fases, reparación de los instrumentos de medición obligación de tener un establecimiento en Colombia. (ARTÍCULO 2.2.1.7.7.1. al 2.2.1.7.7.6.)
 

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una Delegatura para la Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el Tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley. La Corte estimó que la decisión legislativa de destinar al funcionamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio las sumas de dinero derivadas de sanciones que la misma entidad imponer resultaba violatorio de la prohibición de rentas con destinación específica y del principio de unidad de caja, contemplado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
 

Con posterioridad a la publicación del presente decreto y hasta el momento en que se autorice por la Superintendencia de Industria y Comercio el reconocimiento y la operación de la Primera Entidad Reconocida de Autorregulación que desarrolle la función del Registro Abierto de Avaluadores, cuando en virtud de una norma sea solicitada la demostración de la calidad de avaluador mediante el registro en la lista que llevaba la Superintendencia de Industria y Comercio, tal calidad se acreditará con la inscripción ante dicha entidad. Durante el mismo plazo, quien no se haya registrado en la Superintendencia de Industria y Comercio con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, demostrará la calidad de avaluador mediante la presentación de certificado de evaluación de competencias laborales vigente expedido por el SENA, o por una entidad cuyo objeto principal sea la evaluación de avaluadores y no realice avalúos corporativos o de otra índole, o por un organismo de certificación de personas acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) bajo la norma ISO 17024.
 

Fija los costos de los servicios de verificación metrológica periódica y de después de reparación o modificación que prestarán los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica - OAVM designados, de acuerdo con los valores estipulados. Se exceptúa del pago del servicio de verificación metrológica de después de reparación o modificación, únicamente cuando el instrumento verificado ha sido reparado y el procedimiento reportado en el SIMEL dentro de los 2 días calendario siguientes a la realización de la visita de verificación metrológica periódica. Los OAVM designados no pueden cobrar por los servicios de verificación metrológica que prestan, ni por cualquier otro concepto.
 

El Consejo Local de Protección al Consumidor estará conformado por: PARÁGRAFO PRIMERO. El Consejo Local de Protección al Consumidor también podrá invitar a representantes de otros sectores, cuando las circunstancias o el temario a tratar así lo ameriten. PARÁGRAFO SEGUNDO. Un delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, actuará como invitado permanente. PARÁGRAFO TERCERO. La secretaría técnica del Consejo Local de Protección al Consumidor de la Localidad de Usme, estará a cargo del funcionario que al interior de la Súper Intendencia de Industria y Comercio se delegue para el efecto. PARÁGRAFO CUARTO. El periodo de duración de los integrantes elegidos del consejo que actúen como delegados en representación de las comunidades será de dos (2) años. PARÁGRAFO QUINTO. Los dos delegados de las JAC serán elegidos en asamblea que convoque la asociación de juntas de la localidad de Usme para tal fin.
 

Adiciona un nuevo numeral al artículo 59 de la ley 1480 de 2011, consistente en otorgar la facultad a la Superintendencia de Industria y Comercio de vigilar la información suministrada al consumidor sobre la voluntariedad de las propinas y su efectiva destinación por parte de los establecimientos de comercio.
 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la autoridad de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del presente reglamento técnico, sobre los requisitos que deben cumplir los juguetes y sus accesorios, que se fabriquen, importen y comercialicen en el territorio nacional con el fin de eliminar o prevenir adecuadamente los riesgos para la salud y la seguridad humana, de conformidad con lo señalado en la Ley 1480 de 2011 y en los Decretos 4886 de 2011, 1074 y 1595.
 

La Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con sus funciones legales y reglamentarias, realizará los ajustes que correspondan al formulario de registro de las Cámaras de Comercio, a efecto de que en una casilla independiente se señale la condición de sociedad BIC. De manera transitoria y hasta tanto se ajuste el formulario de registro, bastará con la manifestación expresa del representante legal, en la que informe sobre la adopción de la condición de sociedad de beneficio e interés colectivo y que, a su vez, cumpla con los requisitos señalados en el presente Capítulo.
 

Recuerda que respecto al incumplimiento de las medidas señaladas para el Tratamiento de datos personales por parte de las autoridades públicas, la Superintendencia de Industria y Comercio remitirá la actuación a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la investigación respectiva de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1581 del 2012.
 

En criterio de la Sala, de conformidad con el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, las señaladas funciones administrativas son de competencia de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio.La Ley 446 de 1998 dictó medidas para la descongestión, la eficiencia y el acceso a la justicia, entre ellas dispuso el traslado de funciones judiciales a las autoridades administrativas, a la Superintendencia de Industria y Comercio, en los asuntos de competencia desleal y protección al consumidor. Respecto de esta última, en el artículo 145 le otorgó a prevención atribuciones jurisdiccionales, entre otras, ordenar el cese y la difusión correctiva de los mensajes publicitarios que contienen información engañosa, y ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidas en las normas de protección al consumidor. Así mismo, le corresponde, entre otras, decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio o a solicitud de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre protección al consumidor cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad (&) La solicitud de implementación de sistemas que mejoren las condiciones de la reglamentación del medio de pago y acceso al servicio de transporte, TULLAVE, a que se contrae la queja, se encamina a promover actuaciones administrativas de protección al interés general y a los derechos de los consumidores usuarios del SITP y, por consiguiente, debe activar el ejercicio de las funciones de control y vigilancia propiamente administrativas.
 

La Superintendencia de Industria y Comercio tiene la competencia expresa para iniciar, tramitar y fallar investigaciones administrativas tendientes a determinar la presunta violación de cualquiera de las normas que regulan los derechos de los consumidores. En desarrollo de tales investigaciones, puede emitir órdenes para suspender la comercialización de aquellos productos que atenten contra la vida o la seguridad de los consumidores, o que incumplan los reglamentos técnicos aplicables. Así mismo, la entidad puede decretar las medidas preventivas o cautelares en el curso de las investigaciones administrativas que realice por la presunta violación de las normas que protegen a los consumidores, contra las cuales, pueden interponerse los recursos en la vía administrativa y ejercerse los medios de control procedentes ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
 

Ordena a todos los responsables y encargados de naturaleza pública o privada abstenerse de recolectar o tratar datos biométricos utilizando huelleros físicos, electrónicos, o cualquier otro mecanismo que permita el contagio del coronavirus a través de contacto indirecto. Esta instrucción no aplica para el caso de los sistemas de identificación biométrica en los que el dispositivo es de uso personal e individual. Esta orden es de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, obligatorio y aplica sin perjuicio de las instrucciones que emitan otras autoridades en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales.
 

Amplia el plazo para actualizar la información contenida en el registro nacional de base de datos (RNBD) hasta el 3 de julio de 2020.
 

Instruye sobre la recolección y tratamiento de datos para dar cumplimiento a protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del riesgo de la pandemia por el covid-19, tales como en el cumplimiento de la regulación, la información sobre su necesidad, la seguridad y confidencialidad de los datos, la garantía de responsabilidad reforzada sobre el tratamiento de datos sensibles sin condicionar ninguna actividad al suministro de estos.
 

Regula el pago anticipado de créditos y dicta otras disposiciones.
 

Dicta medidas para garantizar el debido proceso jurisdiccional y la efectiva prestación del servicio de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
 

Reanuda los términos del procedimiento administrativo de control previo de integraciones empresariales, previsto en el artículo 9° y siguientes de la Ley 1340 de 2009, a partir del 12 de mayo de 2020. Ordena que los procedimientos administrativos de control previo de integraciones empresariales se adelanten mediante la utilización de las tecnologías de la in-formación y las comunicaciones habilitadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. En consecuencia, las empresas intervinientes y los terceros deberán radicar sus solicitudes, respuestas a requerimientos y, en general, todas sus actuaciones en el correo electrónico contactenos@sic.gov.co con copia al correo electrónico iempresariales@ sic.gov.co.
 

Imparte una orden administrativa de carácter general dirigida a todos los operadores de servicios postales que prestan el servicio de mensajería expresa y de pago en el país, con el fin de informar a los usuarios para evitar que se cause daño o perjuicio.
 

Reanuda los términos de ley en los trámites de verificación del cumplimiento de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 4886 de 2011, el Decreto 491 de 202.
 

Fijan las tasas aplicables a los trámites generales que se surten ante la Superintendencia de Industria y Comercio y se modifica el numeral 2.6., al Capítulo Segundo del Título 1 de la Circular Única del 19 de julio de 2001 adoptada mediante Circular Externa 10 de 2001, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011, el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011, el artículo 22 del Decreto 4886 de 2011, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015
 

Adecua las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre los eventos en los cuales una propaganda comercial con incentivos o promociones y ofertas puede inducir a error o engaño al consumidor y ajustar la Circular Única Básica de esta Entidad a los requerimientos vigentes del mercado
 

Por la cual se modifican los Títulos I, II, III, IV y X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco de la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil. para la adopción de medidas orientadas a la racionalización, simplificación y mejora regulatoria.
 

Modifica el Capítulo tercero del título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio en el sentido de regular el importe y comercialización de los instrumentos de medición sujetos a control metrológico en el territorio nacional, así como las obligaciones, actividades y responsabilidades de reparadores y técnico reparadores de instrumentos de medición que presten sus servicios en Colombia.
 

Fija las tasas de Propiedad Industrial y se modifica el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única.
 

Adiciona el Capítulo octavo, relativo a la protección de la marca país, al Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, y su procedimiento se puede encontrar en la Decisión 876 de 2021 el cual reglamenta dicha protección.
 

Instruye a todas las personas naturales y jurídicas que vendan y construyan bienes inmuebles destinados a vivienda, a garantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas con los derechos de los consumidores.