Modifica el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, creado mediante el Decreto 3570 de 2007, cuya finalidad es salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de riesgo como consecuencia directa de su condición de víctima o testigo, dentro del proceso de Justicia y Paz, o para impedir que intervenga en el mismo. Asimismo, señala la población objeto, principios, definiciones, funciones, dispositivos de protección y órganos de dirección, ejecución, evaluación y seguimiento del programa en comento.
 

Introduce modificaciones a la Ley 975 de 2005. La presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional, aplicando criterios de priorización en la investigación y el juzgamiento de esas conductas.
 

En cuanto a la revocatoria del beneficio de la pena alternativa, el actor asume de manera correcta que este evento puede ocurrir hasta el término de la condena ordinaria impuesta, pero a partir de esta base asume de manera subjetiva e injustificada que esto se refiere a la totalidad de la condena principal de ahí que afirme que el riesgo de revocatoria puede cernirse sobre un tiempo tan considerable que llegue a representar el resto de la vida de la persona el antedicho entendimiento de la norma pasa por alto varios detalles relevantes y trascendentes el primero de ellos es el de la existencia del artículo 29 de la ley 975 de 2005, que regula la pena alternativa, y que no es objeto de modificación o de derogatoria expresa por la ley 1592 de 2012, por lo que se encontraría, al menos en principio, vigente, y debería ser considerado en el concepto de la violación.
 

La Ley 1592 de 2012, a la que se integra el artículo 8° parcialmente acusado, se introducen algunas modificaciones a la llamada Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 de 2005. El título de la ley demandada no deja dudas sobre ese particular: "Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios y se dictan otras disposiciones
 

Reglamenta el artículo 61 de la Ley 975 de 2005, modificada y adicionada por la Ley 1592 de 2012. Señala que el Gobierno Nacional con el fin de propiciar acuerdos humanitarios podrá solilcitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de exmiembros de grupos armados organizados al margen,
 

Crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana que tendrá como objeto la coordinación y articulación intersectorial para la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.
 

Modifica el Decreto 587 de 2017 en el sentido de variar el Comité de Escogencia para la selección de unos miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
 

Decreta a partir de las 00:00 horas del día 1 de enero de 2023, hasta las 24:00 horas del día 30 de junio de 2023 el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional (CFBTN), entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central FARC-EP. El CFBTN podrá ser prorrogado por el Gobierno nacional, previa recomendación que en tal sentido realizará el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación.
 

Decreta a partir de las 00:00 horas del día 1 de enero de 2023, hasta las 24:00 horas del día 30 de junio de 2023 el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional (CFBTN), entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El CFBTN podrá ser prorrogado previa recomendación que en tal sentido realizará el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación.
 

Decreta a partir de las 00:00 horas del día 1 de enero de 2023, hasta las 24:00 horas del día 30 de junio de 2023 el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional (CFBTN), entre el Gobierno nacional y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. El CFBTN podrá ser prorrogado por el Gobierno nacional previa recomendación que en tal sentido realizará el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación.
 

Define la Política de paz y seguridad humana como una política de Estado por lo que se adiciona, modifica y prorroga disposiciones contenidas en la Ley 418 de 1997 y se crea el servicio social para la paz.
 

Reconoce que el Gobierno Nacional, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, dado el reconocimiento político del Ejército de Liberación Nacional  ELN, como organización armada rebelde, se encuentra adelantando negociaciones y diálogos de carácter político dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización del Ejército de Liberación Nacional ELN.
 

Declara la existencia de negociaciones y diálogos de carácter político con la organización armada rebelde Ejército de Liberación Nacional ELN, como organización armada rebelde, se encuentra adelantando negociaciones y diálogos de carácter político con una agenda de paz tendiente a construir salidas estructurales en el marco de la democracia para la superación de la violencia, a través de acuerdos de paz en los siguientes puntos incorporados en el Acuerdo de México suscrito el 10 de marzo de 2023 como Acuerdo Nro. 6: 1) la participación de la sociedad en la construcción de la paz; 2) democracia para la paz; 3) transformaciones para la paz; 4) víctimas; 5) fin del conflicto; y 6) plan general de ejecución de los acuerdos suscritos.