Declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia. Establece que el Ministro del Interior y de Justicia en coordinación con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y el Departamento Nacional de Planeación, DNP, determinarán los mecanismos que aseguren que los comités municipales, departamentales y distritales formulen e implementen los Planes Integrales Únicos, (PIU) y su articulación en los planes de desarrollo y en los presupuestos locales, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el presente artículo y en otras disposiciones. Dispone que para garantizar la articulación con los presupuestos del año 2008 se ordenan los procedimientos para adicionarlo en forma obligatoria. Art. 2.
 

Reglamenta parcialmente la Ley 1190 de 2008, estableciendo los mecanismos que deberán establecer Acción Social, Ministerio del Interior y de Justicia y Departamento Nacional de Planeación ¿DNP, para asegurar que los comités departamentales, municipales y distritales formulen e implementen los Planes Integrales Únicos - PIU. Precisa las acciones que deberán realizar los alcaldes y gobernadores, conducentes a garantizar en su jurisdicción la implementación de la política pública de prevención y atención al desplazamiento forzado. Indica que los entes territoriales como responsables de la atención humanitaria en la Urgencia, atendiendo a los lineamientos constitucionales y legales, deben garantizar la subsistencia mínima de las personas que manifiestan estar en situación de desplazamiento.
 

Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, ¿Prosperidad para Todos¿. Establece que el Gobierno Nacional priorizará, dentro de los presupuestos fiscales los recursos necesarios para contribuir al cumplimiento del goce efectivo de los derechos de la población desplazada por la violencia, para lo cual determinará las herramientas dirigidas a estimar el costo de las necesidades, establecer las metas físicas y presupuestales de acuerdo con la dinámica del desplazamiento forzado por la violencia y los mecanismos necesarios para hacer seguimiento a su ejecución (art. 178); además señala que las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación flexibilizarán su oferta destinada a la prevención, protección y atención de la Población Víctima del desplazamiento forzado por la Violencia (art. 180); e indica que el Gobierno Nacional pondrá en marcha un mecanismo de coordinación que brinde soluciones integrales para los hogares víctimas del desplazamiento forzado por la violencia, en materia de vivienda, generación de ingresos y restitución o compensación de los derechos sobre la tierra en los eventos que exista (art. 181).
 

La corte que,  El estado debe brindar especial protección a las víctimas de desplazamiento forzado por razón: i) de la violencia; ii) haberse efectuado contra ellas uno o varios delitos; iii) del gravísimo daño ocasionado; iv) de sus precarias condiciones sociales, físicas, psíquicas y económicas; y v) de la afectación sistemática y masiva de sus derechos fundamentales., todo lo cual hace que se encuentren en estado de indefensión y debilidad manifiesta, conllevando la obligación para el Estado de otorgar un tratamiento particular y de acciones afirmativas para con este grupo poblacional. La Corte ha exigido otorgarles un enfoque diferenciado, que se refuerza aún más tratándose de grupos sujetos a mayor riesgo como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, discapacitados, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos, entre otros, el cual debe traducirse en la adopción de medidas positivas en su favor.