Crea con carácter permanente y adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos, como organismo consultivo del Gobierno Nacional y ente coordinador de las acciones que desarrolla el Estado Colombiano para combatir el lavado de activos.
 

Determina los objetivos dentro del marco de sus competencias formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo; también coordinará las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público, los organismos de control y demás entidades públicas y privadas, para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho.
 

Reglamenta los procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante, que tal y como lo establece el Código General del Proceso se aplicarán de manera preferente, determina la competencia y requisitos de funcionamiento de los centros de conciliación que deben estar autorizados por el Ministerio del Interior y de Justicia y de las notarías, cuáles son los conciliadores habilitados para conocer de estos procedimientos, de qué consta el programa de formación en insolvencia que deberán cursar quienes deseen formar parte de las listas, cuáles son las instituciones acreditadas para ofrecer el programa y cuál es el contenido del programa, el procedimiento para seleccionar al conciliador que conocerá del asunto, así como sus causales de impedimento, recusación, remoción y sustitución, las tarifas aplicables por quienes presten este servicio, establece que información debe entregarse a quienes hacer parte de la conciliación mientras se desarrolla el proceso, cuál es el procedimiento de acuerdo respecto a los bienes afectados a vivienda familiar o constituidos como patrimonio de familia inembargable; durante el proceso de negociación no podrán iniciarse procesos ejecutivos y los que estén en curso quedarán suspendidos y finalmente determina cómo procede la actuación de los liquidadores.
 

Expide el Código General del Proceso. Establece la competencia a prevención de El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, a través de la dependencia que para tales efectos determine la estructura interna, para que, bajo el principio de gradualidad en la oferta, pueda operar servicios de justicia en todos los asuntos jurisdiccionales que de conformidad con lo establecido en la Ley 446 de 1998 sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia han sido atribuidos a la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades, así como en los asuntos jurisdiccionales relacionados con el trámite de insolvencia de personas naturales no comerciantes y los asuntos previstos en la Ley 1098 de 2006 de conocimiento de los defensores y comisarios de familia. También podrá asesorar y ejercer la representación judicial de las personas que inicien procesos judiciales de declaración de pertenencia con miras al saneamiento de sus propiedades.
 

Reglamenta la Comisión del Proceso Oral y Justicia Pronta en desarrollo del artículo 24 de la Ley 1285 de 2009. Establece la integración, funciones, atributos del comité técnico y la secretaría técnica así como las clases de sesiones en las que se desarrollará. Estará integrado por: El Ministro de Justicia y del Derecho, quien la presidirá, el Presidente de la Corte Constitucional, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente del Consejo de Estado, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, un Senador de la Comisión Primera Constitucional, un Representante a la Cámara de la Comisión Primera Constitucional, dos representantes de la academia vinculados a los temas de la administración de justicia, y un representante de la sociedad civil vinculado a los temas de la administración de justicia; y tendrá a su cargo principalmente las siguientes funciones: Estudiar y recomendar las medidas necesarias para hacer efectiva la oralidad en los procesos jurisdiccionales y la descongestión de los despachos judiciales, brindar recomendaciones sobre los estatutos procesales que desarrollen el principio de oralidad de los procesos por audiencias, dar recomendaciones con miras a unificar y simplificar procedimientos y trámites jurisdiccionales, señalar recomendaciones relacionadas con proyectos de desjudicialización y asignación de competencias y funciones a autoridades administrativas y a particulares habilitados para ejercer funciones jurisdiccionales, brindar recomendaciones al Gobierno Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura sobre la reglamentación de los procedimientos jurisdiccionales y el funcionamiento de los despachos judiciales, analizar propuestas y dar recomendaciones relacionadas con proyectos de articulación de los distintos grados de justicia nacional y regional, analizar propuestas y dar recomendaciones relacionadas con proyectos de articulación normativa y de divulgación de la jurisprudencia, entre otras.
 

Expide la ley de salud mental, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental en la población Colombiana a través de la promoción, prevención y atención integral que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; dando prioridad a los niños y adolescentes; establece qué organismos deben dar cumplimiento a sus lineamientos; en los sitios de reclusión carcelaria se adoptarán programas de atención para los enfermos mentales privados de la libertad; los enfermos mentales no podrán ser aislados en celdas de castigo mientras dure su tratamiento.
 

Las atribución de funciones jurisdiccionales al Ministerio de Justicia efectuada en el Plan Nacional de Desarrollo mediante el artículo objeto de censura viola la separación de funciones entre las ramas del poder público, pues (i.1) se trata de una facultad demasiado amplia, lo que riñe con la condición de excepcionalidad establecida por el artículo 116 de la Constitución Política (i.2) comporta una concentración de poder desmedida en el Ministerio, al añadir a sus funciones políticas y administrativas, y a la iniciativa de la que goza en la presentación de proyectos de ley, toda la gama de funciones jurisdiccionales mencionadas en el artículo demandado, rompiendo así el equilibrio entre las ramas del poder público; y (1.3) la atribución de esas competencias es incompatible con la naturaleza jurídica de los Ministerios, que no cuentan del carácter técnico que caracteriza a las superintendencias. Los Ministerios no pueden escapar a intereses políticos y, por lo tanto, no tienen la capacidad de administrar justicia de manera autónoma e independiente. En mérito de lo expuesto la Corte Constitucional, declara inexequibles las expresiones El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, a través de la dependencia que para tales efectos determine la estructura interna, podrá, bajo el principio de gradualidad en la oferta, operar servicios de justicia en todos los asuntos jurisdiccionales que de conformidad con lo establecido en la Ley 446 de 1998 sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia han sido atribuidos a la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades, así como en los asuntos jurisdiccionales relacionados con el trámite de insolvencia de personas naturales no comerciantes y los asuntos previstos en la Ley 1098 de 2006, contenida en el numeral 4ºdel artículo 24 de la Ley 1564, que subrogó el artículo 199 de la Ley 1450 de 2011.
 

Le corresponde a la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho ejercer la Secretaría Técnica y Admi¬nistrativa del Consejo, de conformidad con el numeral 7 del artículo 18 del Decreto 2897 de 2011 y artículo 91 de la Ley 1709 de 2014, y sus funciones serán, entre otras, las de adelantar estudios e investigaciones, examinar proyectos de actos legislativos y de leyes, rendir al consejo informes y atender las solicitudes que se presenten., derecho constitucional, derecho penal, economía, sociología, ciencias de la educación o ciencias afines. .
 

Establece el contenido mínimo del Programa de Formación en Conciliación Extrajudicial en Derecho.
 

Compila las normas reglamentarias del Sector Justicia y del Derecho. Señala al Ministerio de Justicia y del Derecho como cabeza de sector justicia y del derecho encargado de adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico, y seguridad jurídica, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo. (Artículo 1.1.1.1).
 

Modifica la estructura orgánica y se determinan las funciones de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho; teniendo como objetivo dentro del marco de sus competencias formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, drogas, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo.
 

El Ministerio de Justicia y del Derecho establecerá y coordinará mecanismos de promoción de los métodos alternativos de solución de conflictos, especialmente en establecimientos educativos, en centros urbanos y en zonas rurales, el Ministerio de Justicia y del Derecho impulsará, en el Marco de la Implementación de la Conciliación en Equidad (MICE), contenidos sobre igualdad, no discriminación y acción afirmativa.
 

Expide el jefe de presupuesto o quien haga sus veces del Ministerio de Justicia del Derecho el primer certificado de disponibilidad presupuestal para proveer los cargos de Presidente, Comisionados y Secretario General de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, con cargo a los recursos de dicha Comisión, hasta tanto el Secretario General de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y quien ejerza las funciones administrativas y financieras de esta, asuman sus funciones. Igualmente quedará facultado para efectuar los traslados y operaciones presupuestales de carácter temporal en la Sección Presupuestal de dicha Comisión, así como para adelantar los demás aspectos presupuestales que se requieran.
 

Adopta medidas para el sometimiento individual a la justicia de los integrantes de los Grupos Armados Organizados (GAO) quienes deberán presentarse y manifestar voluntariamente su sometimiento a la legalidad, ante las autoridades militares, de policía, administrativa o judicial y se dictan otras disposiciones.
 

Reglamenta los artículos 16, 17, y 22 de la Ley 1996 de 2019 y adiciona el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho sobre el trámite ante Centros de Conciliación y Notarios para la formalización de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas
 

Modifica los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto número 1069 de 2015, único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
 

Adiciona la Parte 8 en el Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, en el sentido de reglamentar la prestación del servicio de valoración de apoyos que realicen las entidades públicas y privadas. Igualmente trata, de quienes son los sujetos de capacidad legal, quienes prestan el servicio de valoración de apoyos, Obligatoriedad, os mecanismos, ligar de prestación. Las personas con discapacidad, quienes son sujetos de aplicación de la valoración de apoyos, sus deberes. También establece las reglas aplicables a las entidades privadas que prestan el servicio de valoración de apoyos, la Persona facilitadora de la valoración de apoyos; establece el Trámite de la valoración de apoyos por entidades públicas y privadas.
 

Nombra un Notario en encargo en el cargo de Notario Diecinueve (19) del Círculo Notarial. de Bogotá D.C.
 

Retira del servicio al Notario Cincuenta y Seis (56) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., por haber alcanzado la edad de retiro forzoso.
 

Retira del servicio al Notario Setenta y Cinco (75) del Círculo Notarial de Bogotá D.C.", por haber alcanzado la edad de retiro forzoso.
 

Otorga un nuevo plazo para que las entidades estatales de las que trata el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, ejecuten las ordenes de giro y pago a favor de los beneficiarios finales de las sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encontraban en mora en su pago al 25 de mayo de 2019 y que al 31 de agosto de 2022 fueron reconocidas como deuda pública por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desde la fecha de publicación del presente Decreto hasta el 23 de diciembre de 2022.
 

Modifica el Decreto 587 de 2017 en el sentido de variar el Comité de Escogencia para la selección de unos miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
 

Modifica el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, en las sanciones por consumo de estupefacientes y porte de armas; tarifas administrativas y por adjudicacióin a que tienen derecho los comisionados.
 

Crea oportunidades de acceso al mercado laboral para la población pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo mediante la creación de beneficios tributarios, económicos, corporativos y otros que, impacten positivamente la estructura de costos de las empresas con relación a la contratación de este tipo de talento humano, los incentivos, aplicarán para fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo para la población que haya cumplido su condena y recuperado su libertad por la comisión de los delitos en Colombia. Así mismo, crea el sello "segunda oportunidad" el cual identificará a las empresas que incorporen dentro de su planta laboral a por lo menos un trabajador que haga parte de la población objeto de esta ley o cuyos socios o accionistas hagan parte de dicha población que tendrá como fin el reconocimiento reputacional de las personas jurídicas.
 

Reglamenta el Decreto 811 de 2021 que sustituye el Título 11 de la parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con las operaciones de comercio exterior de semillas para siembra, grano, componente vegetal, plantas de cannabis, cannabis, derivados de cannabis y productos relacionados y aplica para las personas naturales y jurídicas, de naturaleza pública o privada, de nacionalidad colombiana o extranjera, con domicilio en el país, que adelanten alguna de dichas actividades.
 

Solicita a las alcaldías municipales y distritales, como nominadores de los funcionarios de las comisarías de familia, asegurar la creación, mantenimiento y permisos de cuentas de correo institucionales para las comisarías de familia de sus territorios, con el fin de que estas puedan realizar la respectiva inscripción en el Sistema de Información REDAM, por ser las entidades fuente primaria de la información del sistema, que viene operando desde el mes de enero de 2023.
 

Solicita a las Comisarías de Familia de todo el país realizar de manera urgente y prioritaria el traslado formal a las Inspecciones de Policía correspondientes de todos los procesos policivos que cursan en sus despachos comisariales, asegurando la relación del estado de los procesos y de los actos urgentes que tengan identificados, de manera ordenada, detallada e individualizada; y en consecuencia, abstenerse de seguir adelantando actuaciones procedimentales de policía judicial.
 

Retiro del Servicio de la Notaria Veintitrés (23) del Circulo Notarial de Bogotá D.C. Retírese del servicio, a partir de la publicación del presente decreto, a la señora Esther Maritza Bonivento Johnson, identificada con la cédula de ciudadanía NO. 36.531.575, quien se encuentra desempeñando el cargo de Notaria Veintitrés (23) del Circulo Notarial de Bogotá D.C., en propiedad, por cumplimiento de la edad de retiro forzoso.
 

Modifica la estructura del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el sentido de crear la Oficina de Control Disciplinario Interno, modificar las funciones del Despacho del Ministro, las funciones de la Dirección Jurídica y las funciones de la Secretaria General con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021 en materia del proceso disciplinario.
 

Fija los criterios sobre el contenido mínimo de los programas de Capacitación y de Formación en Conciliación Extrajudicial en Derecho, se establecen los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento del aval que lo autoriza
 

Adoptar el "Protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia basadas en género y/o discriminación en el ámbito laboral" en el Ministerio de Justicia y del Derecho, el cual hace parte integral de la presente resolución. El protocolo de que trata el artículo primero de la presente resolución ofrece una ruta para la prevención y la atención de violencias basadas en género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad, y demás razones de discriminación en el ámbito laboral del Ministerio de Justicia del Derecho. Se entiende que todas las personas que conforman el Ministerio de Justicia y el Derecho tienen derecho a activar y acceder a la ruta integral del protocolo