Dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. La víctima tendrá derecho siempre que lo solicite, a ser oída dentro de la actuación penal, a pedir pruebas y a suministrar los elementos probatorios que tenga en su poder. (arts. 37 a 42 y 78)
 

Es constitucionalmente válido que, para efecto del reconocimiento como víctima, el Legislador establezca presunciones de daño teniendo en cuenta el vínculo o grado de parentesco con una persona que ha sufrido una lesión como consecuencia de un hecho punible. Esta es una opción legítima encaminada a aliviar la carga probatoria de aquellos familiares que, debido a los lazos de cercanía que los unen con la víctima directa, por lo general sufren de manera más intensa el dolor, la aflicción y el daño causado a aquella. Pero lo que no puede hacer el Legislador es establecer reglas discriminatorias al momento de fijar dichas presunciones porque, como insistentemente ha explicado la Corte, "no se ajustan a la Constitución las regulaciones que restringen de manera excesiva la condición de víctima y que excluyan categorías de perjudicados sin fundamento en criterios constitucionalmente legítimos.