Declara exequible el parágrafo del artículo 135 de la ley 1437 de 2011 referente a la nulidad por incostitucionalidad, al no vulnerarse el preámbulo, ni los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución, como consecuencia a que por una parte el legislador radico una facultad en el Consejo de Estado para fortalecer el control constitucional y la supremacía de la carta fundamental, en el marco de los artículos 4 y 241 de la Constitución y el principio de configuración normativa, y por otra parte no existen partes procesales y por ende no se afecta el derecho de defensa, ni de contradicción, toda vez que lo que se pretende es la nulidad de un decreto o acto administrativo de carácter general.
 

La Sala Plena sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado unifica su jurisprudencia en relación con el interés del Ministerio Público para apelar, en el sentido de concluir que sí le asiste dicho interés, pues el recurso de apelación presentado por la Procuraduría se entiende interpuesto en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o las garantías fundamentales, sin que le sea exigible manifestar esto expresamente.
 

La Sala Especial de Decisión 6 de el Consejo de Estado unifica jurisprudencia frente a la aplicación del principio de congruencia de las sentencias de acción popular en el sentido de precisar que el juez popular puede pronunciarse respecto de derechos colectivos que no han sido invocados en la demanda como vulnerados o amenazados siempre y cuando, éstos guarden una estrecha y directa relación con los derechos respecto de los cuales sí existió una solicitud expresa de protección por parte del actor popular y frente a los que la parte demandada haya tenido la oportunidad de pronunciarse a lo largo del proceso, es decir, frente a los cuales pueda verificarse que conoció y pudo presentar argumentos de defensa
 

La sala de lo contencioso administrativo sección segunda del Consejo de Estado precisa que es oportuno tener en cuenta que la sentencia que se allega a un proceso como título ejecutivo no puede fraccionarse razón por la que son vinculantes tanto la parte motiva como la resolutiva.
 

Expone la infracción de las normas superiores 7, 67, 68, 125, 150 y 365 en que debía fundarse el Decreto 3323 de 2005, que además desconoció el Convenio 169 de la OIT; y las Sentencias C-208 de 2007 y C-666 de 2016 de la Corte Constitucional, que consagran la reserva de ley tratándose del servicio público educativo y del sistema de carrera. Por lo que declara la nulidad del Decreto 3323 de 2005 y por unidad normativa del Decreto 140 de 2006 y de los artículos 2.4.1.2.1. a 2.4.1.2.18. del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
 

Decide la legalidad de la norma reglamentaria que definió el concepto de «ingresos asociados a la etapa de construcción» en el contexto del tratamiento tributario de los contratos de concesión y Asociaciones Público Privadas  APP, que el Decreto 2235 de 2017 adicionó al Decreto 1625 de 2016, y del oficio DIAN 012212 de 2018, el cual indicó que, como los rendimientos financieros de la «empresa en periodo improductivo» no cumplen lo establecido en el inciso primero de la norma reglamentaria demandada[16] , debían reconocerse en el periodo en que se realicen.