Establece pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. Adopta definiciones, señala la obligación de las entidades de establecer la unidad de correspondencia que gestione de manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones; firmas responsables, procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales, numeración de actos administrativos, comunicaciones internas, control de comunicaciones oficiales, conservación documental, comunicaciones oficiales recibidas y enviadas, comunicaciones oficiales vía fax y por correo electrónico, imagen corporativa y horario de atención al público.
 

Por disposición del art. 29, del Decreto Ley 2150 de 1995, todos los actos administrativos a través de los cuales se exprese la Administración Pública por escrito, deberán adelantarse en original y un máximo de dos copias y una de éstas deberá ser enviada para su conservación y consulta al archivo central de la entidad. Igual número de copias lo establece el Acuerdo del Archivo General de la Nación 60 de 2001, pero la primera copia deberá remitirse a la serie respectiva de la oficina que genera el documento y la otra reposará en el archivo de la unidad de correspondencia, con la cual ésta última cumple una de las principales funciones asignados a la unidad Administrativa de Correspondencia y Archivo como es la de gestionar de manera centralizada y normalizada la recepción, radicación y distribución de las comunicaciones oficiales de la entidad. Es decir, que no es facultativa la conservación de la copia que va para archivo central.
 

Emite las acciones necesarias para implementar en la Administración Pública las medidas establecidas en el Protocolo General de Bioseguridad adoptado en la resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.