Reglamenta parcialmente la Ley 139 de 1994, por la cual se crea el Certificado de Incentivo Forestal. Dicta disposiciones referentes a la programación y administración del mismo, elegibilidad de proyectos, otorgamiento y pago, plan de establecimiento y manejo forestal y contrato de ejecución del proyecto de reforestación, áreas de aptitud forestal y las especies forestales, arrendamiento de inmuebles para proyectos de reforestación, seguimiento, evaluación y control del proyecto, pérdida de la plantación, destino de los recursos producto de multas, cláusulas penales e indemnizaciones relacionadas con el incumplimiento del contrato, incompatibilidad de incentivos forestales y otros recursos de incentivo forestal
 

Crea el Certificado de Incentivo Forestal, como un reconocimiento del Estado a las externalidades positivas de la reforestación en tanto los beneficios ambientales y sociales generados son apropiables por el conjunto de la población, documento que es personal y no negociable. Su fin es promover la realización de inversiones directas en nuevas plantaciones forestales de carácter protector-productor en terrenos de aptitud forestal. Podrán acceder a éste las personas naturales o jurídicas de carácter privado, entidades descentralizadas municipales o distritales cuyo objeto sea la prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y entidades territoriales, que mediante contrato celebrado para el efecto con las entidades competentes para la administración y manejo de los recursos naturales y renovables y del ambiente, se comprometan a cumplir un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, en los términos y condiciones señalados en la presente ley.
 

Reglamenta el incentivo forestal con fines de conservación establecido en la Ley 139 de 1994 y el parágrafo del artículo 250 de la Ley 223 de 1995, para aquellas áreas donde existan ecosistemas naturales boscosos, poco o nada intervenidos, que se constituye en un reconocimiento por los costos directos e indirectos en que incurre un propietario por conservar en su predio ecosistemas naturales boscosos poco o nada intervenidos, cuyo valor se definirá con base en los costos directos e indirectos por la conservación y la disponibilidad de recursos totales para el incentivo.
 

Reglamenta el parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2° de la Ley 139 de 1994. Señala que cuando una plantación forestal protectora-productora se establezca en el marco del Certificado de Incentivo forestal creado por la Ley 139 de 1994, se registrará ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la entidad que este delegue.
 

Reglamenta el registro de los cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales y de las plantaciones protectoras productoras, la movilización de los productos primarios obtenidos de los mismos, de conformidad con la Ley 1377 de 2010.
 

Define y reglamenta las plantaciones forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales. Establece que en un plazo máximo de un año, el Gobierno Nacional presentara al Congreso de la República, un proyecto de ley que establezca claramente las condiciones objetivas que permitan la selección de los beneficiarios del Certificado de Incentivo Forestal, CIF, en condiciones de igualdad.
 

Modifica parcialmente el Decreto número 1824 de 1994, en el entendido que se define palabras tales como especie forestal, especie forestal autóctona, especie forestal introducida, plantación forestal protectora-productora, plan de establecimiento y manejo forestal -PEMF-, otorgamiento, pago, nueva plantación y proyecto forestal.
 

Se crea el Certificado de Incentivo Forestal. Se dictan disposiciones referentes a la programación y administración del mismo, elegibilidad de proyectos, otorgamiento y pago, plan de establecimiento y manejo forestal y contrato de ejecución del proyecto de reforestación, áreas de aptitud forestal y las especies forestales, arrendamiento de inmuebles para proyectos de reforestación, seguimiento, evaluación y control del proyecto, pérdida de la plantación, destino de los recursos producto de multas, cláusulas penales e indemnizaciones relacionadas con el incumplimiento del contrato, incompatibilidad de incentivos forestales y otros recursos de incentivo forestal. (Artículos 2.3.1.2.1.al 2.3.1.5.6.)
 

Compila las disposiciones reglamentarias del Sector Ambiente, particularmente lo relacionado con el incentivo forestales con fines de conservación establecida en la Ley 139 de 1994 y el parágrafo del artículo 250 de la Ley 223 de 1995, para aquellas áreas donde existan ecosistemas naturales boscosos, poco o nada intervenidos. (Artículo 2.2.9.9.1.1 al 2.2.9.9.3.8).
 

Adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país". El Certificado de Incentivo Forestal (CIF) es el documento otorgado por la entidad competente para el manejo y administración de los recursos naturales renovables y del medio ambiente que da derecho a la persona beneficiaria a obtener directamente al momento de su presentación, por una sola vez y en las fechas, términos y condiciones que específicamente se determinen, las sumas de dinero que se fijen por parte de la entidad bancaria que haya sido autorizada para el efecto por Finagro. (Artículo 177).
 

Determina el valor promedio nacional de los costos totales netos de establecimiento y mantenimiento por hectárea de bosque plantado, se fija la cuantía máxima porcentual que se reconocerá por concepto de certificado de incentivo forestal, el incentivo por árbol y se fija el incentivo por mantenimiento de una hectárea de bosque natural equivalente a la suma de $82.588 moneda corriente, liquidado sobre la base de un valor de $110.117 moneda corriente, lo que corresponde a una cuantía porcentual del 75% del valor total, de conformidad con la norma que rige la materia, para el año 2018.
 

Adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Coordinación Interinstitucional para el Control y Vigilancia contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales. Créase el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (Conaldef) para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente, conformado por el Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien lo preside, el Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la Nación. Deberá participar el Ministro de Relaciones Exteriores, de existir acciones en zonas fronterizas o que involucren extranjeros, así como los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Transporte y Minas y Energía, cuando los asuntos a tratar correspondan a sus competencias. (artículo 9)
 

Modifica un título del Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con el Certificado de Incentivo Forestal (CIF).