Dicta normas para el fomento de la participación de las organizaciones campesinas en el desarrollo de zonas de reserva campesinas y de otras formas de gestión social del territorio en el Distrito Capital.
 

Fomenta la participación de las organizaciones campesinas del territorio rural del Distrito Capital, en el impulso de formas de gestión social y ambiental, en especial de las zonas de reserva campesinas, para el apoyo y estabilización de la economía campesina. De otra parte, menciona que la Administración Distrital promoverá la participación de organizaciones campesinas en la conformación de otras formas de gestión social del territorio tales como los distritos integrales, zonas de desarrollo productivo, reservas de la sociedad civil, parques agroambientales productivos o parques agropolitanos, las cuáles se podrán complementar con las zonas de reserva campesinas y les prestará la asesoría y apoyo según el plan de gestión para el desarrollo sostenible y la política de ruralidad, finalmente, señala, que la coordinación de las acciones distritales para el fomento de la participación y el impulso de las zonas de reserva campesinas y de otras formas de gestión social y ambiental del territorio, estará a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno, a través del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de las Secretarías de Planeación, Hábitat, Ambiente y Desarrollo Económico, conforme a sus competencias.
 

Las zonas de reserva campesina de que trata el Capítulo XIII de la Ley 160 de 1994, se constituyen y delimitan por el Consejo Directivo del INCODER, en zonas de colonización, en las regiones en donde predomine la existencia de tierras baldías y en las áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad o tenencia de predios rurales. La constitución y delimitación de zonas de reserva campesina tiene los siguientes objetivos: controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país; evitar y corregir los fenómenos de inequitativa concentración, o fragmentación antieconómica de la propiedad rústica y los demás estipulados en el presente decreto. (ARTÍCULO 2.14.13.1. al 2.14.13.2.)
 

La Corte Constitucional reitera la importancia del papel que juegan las organizaciones campesinas en la identificación de los bienes baldíos y el acceso progresivo a la tierra. Esto, con fundamento en que el Estado debe garantizar su participación en las estrategias institucionales que propendan no sólo por el desarrollo del agro colombiano, sino también de los proyectos de vida de los trabajadores del campo.