Señala la competencia para el conocimiento y trámite del ejercicio del control fiscal posterior excepcional en la Contraloría General, señala su objetivo, define esta clase de Control, regula las solicitantes, trámite, ejecución del control, Contralorías Delegadas y Sectoriales, asignación del conocimiento y trámite, requerimiento a las Contralorías Territoriales, procedimiento para adelantar este control y su ejercicio, inicio del control fiscal, alcance, modalidad de auditoría, resultados del proceso auditor, plan de mejoramiento y efecto del control fiscal en el Plan General de auditoría.
 

Insta a los contralores departamentales, distritales y municipales a prestar toda su colaboración al Contralor General de la República, en el ejercicio de esa facultad excepcional, para ejercer control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, suspendiendo toda actuación en el caso específico en donde se les comunique el ejercicio del poder preferente y remitan en un tiempo prudencial toda la documentación, información y soporte que se tenga en relación con el caso sujeto a vigilancia especial. El actuar de forma distinta, se considerará como una obstaculización grave a las investigaciones que tiene que efectuar la Contraloría General de la República, conducta sancionable con destitución del cargo e inhabilidad mínima de 10 años en el ejercicio de funciones públicas, en los términos del artículo 48, numeral 2 de la Ley 734 de 2002.
 

Establece el procedimiento para el ejercicio del control fiscal posterior, la competencia para el trámite y ejecución del mismo y los criterios para la asignación del conocimiento. Determina que el control fiscal ejercido en forma excepcional se incluirá dentro del Plan de Auditoria vigente al momento de la disposición del ejercicio auditor correspondiente y si está próximo a concluir y luego de determinar el tiempo de duración y complejidad se incluirá en el próximo Plan de Gestión Ambiental PGA. Señala que los trámites de solicitudes de control fiscal excepcional que a la fecha de publicación de la presente Resolución, se encuentren asignados o en ejecución, se tramitarán bajo las disposiciones de la Resolución número 5588 de 2004.
 

La consulta se relaciona con una disparidad de criterios entre la Delegada de Infraestructura y el Grupo de Investigaciones de la Gerencia Departamental de Antioquia, derivada de un posible hallazgo con connotación fiscal por la no aplicación de la proporcionalidad en la ejecución de un contrato de prestación de servicios (distribución de ingresos y utilidades entre los patrimonios público y privado) y que afecta los ingresos de una Cámara de Comercio. Función constitucional. El Constituyente del 91 quiso imprimir a la gestión fiscal un control posterior y selectivo para evitar la figura de la coadministración. Así, la auditoria de los recursos invertidos en la gestión de determinado punto de control parte de un muestreo que se toma de los recursos ya invertidos a los que se les realiza control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales conforme lo establece la Norma Superior. La función de advertencia, permite a la Contraloría General, señalar al sujeto controlado que la realización de ciertas actividades, situaciones o hechos pueden llevarlo a generar un daño al patrimonio del Estado. La Resolución Orgánica Nº 6069 de 2009, define el hallazgo como: ¿Toda situación irregular encontrada durante el proceso de una auditoria. (¿) Hechos o situaciones irregulares que impactan significativamente el desempeño de la organización¿, lo anterior en el entendido del ejercicio del control fiscal posterior y selectivo propio del cumplimiento de la misión constitucional ya referida.
 

De conformidad con el artículo 267 de la Constitución Política de 1991, la Contraloría General de la República es el órgano encargado "de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación" la cual incluye "el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales". ¿No cabe duda que la Contraloría General de la República está llamada a vigilar y controlar que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cumpla con sus obligaciones legales no solo en lo que tiene que ver con la administración del patrimonio público; sino también, con el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente.¿.
 

Revisión oficiosa de de constitucionalidad del Decreto 4819 de 2010, ¿Por el cual se crea el Fondo de Adaptación¿, dictado en desarrollo del Decreto 4580 de 2010 por medio del cual se declaró el estado emergencia económica, social y ecológica. ¿Para la Corte, si bien es posible que la autoridad contrate con entidades privadas la vigilancia de la gestión fiscal del Estado, debe precisarse que ello tan sólo es admisible si se entiende y aplica sin perjuicio del control fiscal posterior a cargo de la Contraloría General de la República.¿ ¿El numeral 2 del artículo 267 de la Constitución expresamente autoriza, de manera excepcional, esta figura¿ ¿[L]a norma constitucional establece cuatro condiciones para permitir tal figura: (i) sólo podrá hacerse para casos excepcionales, (ii) la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas, (iii) escogidas por concurso público de méritos, y (iv) contratadas previo concepto del Consejo de Estado.¿
 

Deroga la Resolución Orgánica 6069 de 2009 (¿) en virtud de la cual definió una serie de parámetros para el conocimiento y trámite de las solicitudes de control excepcional que fueren presentadas ante la Contraloría General de la República (¿) Establece como únicos criterios para el ejercicio del control fiscal posterior excepcional los previstos por el legislador en las normas que regulan la materia en la actualidad y aquellas que a futuro se dicten sobre el particular, así como los criterios jurisprudenciales definidos por la Altas Cortes en sus sentencias
 

Precisa y fija las competencias en el nivel desconcentrado de la Contraloría General de la República para el conocimiento y trámite del control fiscal micro, el control fiscal posterior excepcional; la atención de quejas y denuncias ciudadanas; la Indagación Preliminar Fiscal; el proceso de Responsabilidad Fiscal y el proceso de Jurisdicción Coactiva y el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal, así como la organización y el funcionamiento en el Nivel Desconcentrado de dicha entidad y de las Gerencias Departamentales Colegiadas.
 

Establece los lineamientos generales y el procedimiento para la liquidación, fijación, cobro y pago de la tarifa del control fiscal a cargo de los organismos y entidades públicas o privadas y de los particulares que cumplan funciones públicas, respecto de los bienes públicos que obtengan o administren o cuando manejen fondos, bienes o recursos de la Nación y que se encuentran bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República.
 

Adopta la Guía de Auditoria de Cumplimiento como instrumento de control fiscal posterior y selectivo, en el marco de las Normas Internacionales de Auditoria para las Entidades Fiscalizadoras Superiores  ISSAI, la cual se destina a los sujetos de control fiscal de la CGR, de conformidad con los lineamientos y directrices que emita el Despacho del contralor general de la república para los correspondientes planes de vigilancia y control fiscal (PVFC), para cada vigencia fiscal, y se aplica cuando se programen y ejecuten en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal (PVCF), auditorías integrales y procedimientos especializados de regalías.
 

Dicta normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.
 

Actualiza la sectorización de los sujetos de control fiscal y asigna la competencia en las Contralorías Delegadas Sectoriales, para ejercer la vigilancia y el control fiscal de las entidades y los particulares que manejan fondos o bienes sujetos al control fiscal de la Contraloría General de la República.
 

Establece que la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, ejercerá la vigilancia y el control posterior excepcional, de conformidad con lo prescrito en el artículo 95 de la Ley 1523 de 2012.
 

Desarrolla los términos en los que se ejercerán las facultades previstas en el artículo 65 de la Ley 2195 de 2022, para la desestimación de la personalidad jurídica y/o levantar el velo corporativo de las personas jurídicas vinculadas en los procesos de responsabilidad fiscal que adelante la Contraloría General de la República.
 

Actualiza la sectorización de los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República, y asignar la competencia a las Contralorías Delegadas Sectoriales para ejercer la vigilancia y el control fiscal respecto a las entidades y a los particulares que manejan fondos o bienes públicos.