Para litigar en causa propia o ajena se requerirá ser abogado inscrito, salvo las excepciones de que trata la Ley 69 de 1945. Las partes podrán actuar por sí mismas, sin intervención de abogados, en juicios de única instancia y en las audiencias de conciliación. En ese sentido, las personas jurídicas comparecerán en juicio por medio de sus representantes constitucionales, legales o convencionales.
 

Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa. Así mismo, La Nación y demás entidades de derecho público podrán constituir apoderados especiales para los procesos en que sean parte. Los poderes generales para toda clase de procesos y los especiales para varios procesos separados, sólo podrán conferirse por escritura pública. Para que se reconozca la personería de un apoderado es necesario que éste sea abogado inscrito y que haya aceptado el poder expresamente o por su ejercicio. Finalmente, Con la presentación en la secretaría del despacho donde curse el asunto, del escrito que revoque el poder o designe nuevo apoderado o sustituto, termina aquél o la sustitución. Así mismo, se compila lo relacionado con los deberes y responsabilidades de las partes y sus apoderados.
 

Expide el Código General del Proceso. Señala de manea general que las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa. Establece los asuntos relativos a la designación y sustitución del apoderados, la terminación del poder, el cual termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso conforme a los casos establecidos en el artículo 76 y así mismo describe sus deberes y las facultades que se entienden otorgadas al apoderado para llevar la representación judicial.
 

Decreta que los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.