Establece condiciones para la prestación del servicio social en centros de Reclusión por parte de los estudiantes de las instituciones de educación superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 65 de 1993. Indica que cada institución de educación superior debe establecer en su proyecto educativo institucional y en su correspondiente plan de desarrollo institucional, los programas y actividades que desarrollará como parte del servicio social para los internos en los centros de reclusión, integrará en su currículo el componente del servicio social, cuyo campo de acción y propósitos de formación puedan contribuir a los procesos de educación, trabajo y rehabilitación de dicha población. Señala que para la realización de dichas actividades y programas, cada institución deberá presentar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario o la entidad que haga sus veces, las diferentes propuestas para determinar los acuerdos interinstitucionales a que haya lugar.
 

Compila las normas reglamentarias del Sector Justicia y del Derecho. Establece al INPEC la obligación de garantizar el cumplimiento del artículo 1547 de la Ley 65 de 1993 a través de promover la creación y organización de los cuerpos de voluntariado social. (Artículo 2.2.1.3.15).