Reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política. Define el Hábeas Corpus como un derecho fundamental y, a la vez, como una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Dicha acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine. Señala que el Hábeas Corpus no se suspenderá, aun en los Estados de Excepción, establece la competencia para la resolución de las solicitudes, señala las garantías para el ejercicio de dicha acción constitucional, el contenido de la petición, trámite que debe dársele, fija el término para impugnar la providencia negatoria y señala las condiciones para la improcedencia de las medidas restrictivas de la libertad.
 

Se precisa la posibilidad de interponer la acción de hábeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad derivados de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto-ley 277 de 2017.
 

La Sala recuerda que, de acuerdo con la normativa vigente sobre el tema y con el desarrollo jurisprudencial y doctrinario respecto de la acción constitucional de habeas corpus, se pueden distinguir, en principio, unos supuestos o hipótesis en los cuales ella tiene procedencia: Cuando una autoridad priva de la libertad a una persona en lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para la detención de personas; cuando se priva a la persona sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente; cuando la orden de captura no cumple las formalidades previstas en la ley o contiene un motivo que no esté definido en ésta; cuando se detiene en flagrancia a una persona y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes; cuando la autoridad pública mantenga privada de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la libertad; cuando la autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley.
 

El decreto ley bajo análisis identifica la posibilidad de interponer la acción de habeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad derivados de la resolución tardía de las solicitudes de libertad condicionada previstas en la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto Ley 277 de 2017. Este propósito se encuentra en directa relación con el denominado ACUERDO DE DESARROLLO DEL NUMERAL 23 DEL ACUERDO DE CREACIÓN DE UNA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, establecido a partir de la página 176 del Acuerdo Final y en cuya introducción se señala que las disposiciones que sobre amnistía se adopten contemplarán la puesta en libertad, en el momento de la entrada en vigor de dichas normas, de todas las personas señaladas en el primer párrafo del numeral 23 del Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de fecha del 15 de diciembre de 2015 -los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz, así como aquellas personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos políticos o conexos mediante providencias proferidas por la justicia-, así como definirán la autoridad que determinará dicha puesta en libertad.
 

El Consejo de Estado determinó que el Decreto 700 de 2017 dispone que la acción de habeas corpus procede con el fin de evitar que se dilaten injustificadamente los términos dispuestos para resolver sobre los beneficios de libertad previstos en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017.