Decreto Nacional 1096 de 1991 Se asigna competencias a las dependencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
 

La Sala Plena de la Corte Constitucional resuelve estarse a lo resuelto en la sentencia C-880 del primero (1) de octubre de 2003, que declaró exequible la expresión "y el régimen laboral de sus servidores públicos" contenida en el parágrafo 1° del artículo 2°, de la Ley 790 de 2002, en el entendido que el trabajador a quien se le ofrece continuar en la entidad que resulte de la fusión, tiene la opción de recibir una compensación por los salarios y prestaciones que no percibirá en el nuevo régimen de la entidad absorbente, o a integrarse al nuevo régimen sin ser desmejorado en los aspectos salariales y prestacionales, esto producto del estudio de constitucionalidad planteado en los expedientes acumulados, donde se declaró la inexequibilidad de la expresión y el régimen laboral de sus servidores públicos" contenida en el parágrafo 1° del artículo 2°, de la Ley 790 de 2002, solamente por el cargo formulado en el proceso D-4432, en el entendido que el trabajador a quien se le ofrece continuar en la entidad que resulte de la fusión, tiene la opción de recibir una compensación por los salarios y prestaciones que no percibirá en el nuevo régimen de la entidad absorbente, o a integrarse al nuevo régimen sin ser desmejorado en los aspectos salariales y prestacionales; ahora bien por existir en relación con la norma parcialmente acusada sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, en los términos del artículo 243 de la Constitución, se ordenará estarse a lo resulto en la sentencia C-880 de 2003.
 

Modifica el artículo 3° de la Resolución 652 de 2012, en cuanto a la conformación del Comités de Convivencia Laboral su Composición, Reuniones, entre otras directrices.
 

Establece los mecanismos para el desarrollo de Acuerdos de Formalización Laboral por parte de las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo cuyos objetivos es hacer eficaz la labor de Inspección, Vigilancia y Control que ejerce las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, mediante actuaciones dirigidas a la prevención de conductas que atenten contra la formalización laboral, en especial las previstas en la Ley 1429 de 2010, lograr la formalización de las relaciones laborales mediante compromisos eficaces de los empleadores para mejorar las formas de vinculación del personal, buscando la celebración de contratos de trabajo con vocación de permanencia, en los términos de la ley. Por otro lado es de tener en cuenta las condiciones y requisitos para la realización de los Acuerdos y Formalización Laboral tales como debe ser impulsados por el Director Territorial, de oficio o a petición de parte, el documento constará por escrito y debe ser suscrito entre el Director Territorial y uno o varios empleadores con la debida representación legal entre otros.
 

Establece a las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, la responsabilidad de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos, de conformidad con el artículo 3° literal c), de Ley 1346 de 2009. Señala que estas autoridades públicas deberán implementar, entre otras, las siguientes acciones: 1. Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, según el artículo 4° de la Ley 1346 de 2009. 2. Incorporar en sus planes de desarrollo tanto nacionales como territoriales, así como en los respectivos sectoriales e institucionales, su respectiva política pública de discapacidad. 3. Asegurar que en el diseño, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de sus planes, programas y proyectos se incluya un enfoque diferencial que permita garantizar que las personas con discapacidad se beneficien en igualdad de condiciones y en términos de equidad con las demás personas del respectivo plan, programa o proyecto. 4. Incorporar en su presupuesto y planes de inversiones, los recursos necesarios destinados para implementar los ajustes razonables que se requieran para que las personas con discapacidad puedan acceder a un determinado bien o servicio social, y publicar esta información para consulta de los ciudadanos. 5. Implementar mecanismos para mantener actualizado el registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, integrados en el sistema de información de la protección social, administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 6. Todos los Ministerios, en concordancia con la directriz del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, elaborarán un plan interinstitucional en un término no mayor a dos (2) años en el que, se determinen los recursos requeridos para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. El Gobierno Nacional apropiará los recursos necesarios en concordancia con el Acto Legislativo número 03 de 2011. 7. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio de Trabajo, o quienes hagan sus veces dispondrán los mecanismos necesarios para la integración de un Consejo para la Inclusión de la Discapacidad. 8. Las administraciones territoriales deben incluir en sus planes de desarrollo acciones para fortalecer el Registro de Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad (Rlcpcd), integrado al Sistema de Información de la Protección Social (Sispro), e incorporar la variable discapacidad en los demás sistemas de protección social y sus registros administrativos.
 

Ordenó realizar un inventario de las empresas que utilizan el asbesto y la realización de un censo de trabajadores que en la actualidad se encuentren expuestos por su actividad laboral al asbesto, así como de los residentes en los barrios circunvecinos a las sedes fabriles y detectara a aquellos que hubieren desarrollado patologías asociadas a la exposición del asbesto, para su seguimiento, atención y control en el sistema nacional de salud. Ordenó para que dentro del marco de sus funciones expidan los actos administrativos correspondientes en los que se establecerán los procedimientos y medios para el cumplimiento de esta providencia. Diseñar y coordinar con las instituciones de su sector y demás entidades estatales competentes, un programa de readaptación laboral para los trabajadores de la Mina de Campamento Antioquia, que incluya talleres de emprendimiento a su núcleo familiar, para que puedan encontrar otras ocupaciones, según las características sociales, económicas y productivas del municipio de Campamento Antioquia y la Región en que se ubican. Igualmente, deberá formular un plan de conversión o transición de la empresa BRICOLSA. Llevar a cabo las gestiones administrativas, de planeación, presupuestales y contractuales necesarias, con cargo a sus respectivos presupuestos a más tardar dentro de la vigencia presupuestal siguiente a la que esta sentencia quede en firme.
 

Por medio del cual se adicionan los artículos 2.2.2.1.16, 2.2.2.1.17, 2.2.2.1.18, 2.2.2.1.19 y 2.2.2120. al Capítulo 1 del Título 2, de la Parte 2, del Libro 2, y se modifican los artículos 2.2.2.2.1. y 2.2.14.1.21. del Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones
 

Emite lineamientos normativos y jurisprudenciales que son vinculantes para todos los empleadores, trabajadores y aspirantes a un empleo, con el fin de promover el trabajo decente y la erradicación de prácticas discriminatorias en los procesos de selección laboral.
 

La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social el pago de los honorarios a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena para que evalúe la pérdida de capacidad laboral de una víctima del conflicto armado por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, que no cuenta con los recursos para sufragar dicho dictamen. ordenó también a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena que, una vez consignados los honorarios por parte del Ministerio de Trabajo, debe realizar en 10 días la valoración de la pérdida de capacidad laboral de la accionante y proferir el dictamen correspondiente. También se le ordenó a la Defensoría del Pueblo brindarle acompañamiento, tanto en la explicación de la presente decisión, como en los trámites que deba adelantar ante la Junta de Calificación y el Ministerio del Trabajo.
 

Promueve nuevas cualidades en las relaciones de concertación y diálogo, actualizar, capacitar y formar a los trabajadores a que se refiere la presente Resolución en temas específicos de diálogo social, negociación colectiva, liderazgo sindical, derecho de asociación sindical, derechos fundamentales del trabajo principalmente, como un mecanismo de apoyo y fortalecimiento del sector sindical, dentro de la estrategia para generar fortalezas que viabilicen la negociación, la concertación y el diálogo social, desarrolla nuevas formas de liderazgo para los trabajadores afiliados a las organizaciones sindicales con el fin de fortalecer las relaciones entre trabajador y empleador.
 

Comunica que, en el marco de acuerdo laboral entre Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales suscrito para promover el teletrabajo como una forma de diálogo social insta a los destinatarios de la circular a determinar los cargos que pueden realizar sus funciones mediante teletrabajo durante las jornadas del "día sin carro", con el objetivo de promover el bienestar de los servidores públicos, la movilidad sostenible y el cuidado del medio ambiente. Se menciona que estas acciones deben cumplir con las normas de tránsito existentes.
 

Emite concepto sobre la extensión del fuero materno a el cónyuge, compañero permanente o pareja de la mujer que se encuentra en estado de embarazo, cuando la mujer gestante no está vinculada laboralmente y sea beneficiaria de él, goza de fuero de estabilidad laboral, llamado fuero laboral de paternidad, de desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, razón por la cual, le está proscrito al empleador o a la empresa empleadora la desvinculación del trabajador que se encuentra en estas circunstancias.
 

Modifica unos artículos de la Sección 10 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo y se reglamenta el "Incentivo a la creación y permanencia de nuevos empleos formales"
 

Adopta en el Ministerio del Trabajo el Protocolo para prevenir, atender y adoptar medidas de protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género, y discriminación por razón de raza, etnia, sexo u orientación sexual, identidad de género o cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral y contractual.
 

Realiza ampliación de cobertura y se asignan recursos para el Programa de Subsidio a la Vejez para Ex Madres Comunitarias y Sustitutas de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional para la vigencia fiscal 2023