Establece los derechos de registro de instrumentos públicos y privados con el fin de que todos los documentos de esta clase que los interesados quieran revestir de la formalidad del registro, con el fin de darles mayor autenticidad y obtener la prelación que las leyes confieren a los documentos privados que tengan aquella formalidad.
 

Fija la cuantía de los derechos de registro y anotación de instrumentos públicos y privados y se señalan emolumentos a los Notarios y Registradores.
 

En los negocios jurídicos de constitución de propiedad horizontal, adquisición, incluido el leasing habitacional cuando se ejerza la opción de compra, hipoteca, afectación a vivienda familiar y/o constitución de patrimonio de familia de inmuebles definidos como Vivienda de Interés Prioritario, para ninguna de ellas se causarán derechos registrales. Así como tampoco cuando se trate de cancelación de limitaciones del dominio de inmuebles adjudicados o asignados por el extinto Instituto de Crédito Territorial y/o por la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de Asuntos del Instituto de Crédito Territorial (UAE-ICT) y/o el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe.