Determina las autoridades competentes para expedir y vigilar las matriculas de arrendador, señala los términos de expedición, la vigencia, la suspensión o revocatoria de la matrícula, carácter público de la información del registro, envío de información y regula la inspección, vigilancia y control sobre las personas que ejercen actividades de arrendamiento de bienes raíces para vivienda urbana.