¿(¿) Sobre este punto la Sala debe recalcar que aunque el servicio público del transporte sea una actividad que se encuentra sometida a la libre competencia, el mismo ordenamiento jurídico ha permitido la intervención administrativa en el marco de la realización de dicha actividad con el fin de garantizar los derechos de los usuarios y velar por la adecuada prestación del servicio; esta intervención se realiza mediante la utilización de típicas medidas de policía administrativa cuya finalidad es, por un lado, la de garantizar las condiciones técnicas y administrativas de las empresas que pretenden prestar el servicio y, por el otro, la de otorgar las rutas y determinar las frecuencias con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del tránsito y el transporte terrestre de pasajeros. (¿) En este orden de ideas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano establece un sistema complejo de intervenciones administrativas en el servicio público de transporte terrestre de personas para garantizar su adecuada prestación. Este sistema no puede ser considerado violatorio per se de la libertad de empresa consagrada en el artículo 333 de la Constitución Política, por cuanto la disposición misma establece como limitaciones válidas a dicho derecho las derivadas del bien común y de la función social de la empresa¿.