Fija la metodología para la constitución de las garantías de promotores, liquidadores y agentes interventores, que amparare el cumplimiento de sus obligaciones legales, incluyendo las generadas del ejercicio de su labor como secuestre de los bienes de la concursada, cuando quiera que sean designados en calidad de tal.
 

Para la conformación de la lista de promotores y liquidadores, la Superintendencia de Sociedades hará una convocatoria pública cada seis (6) meses, con una duración no inferior a quince (15) días calendario, ni superior a un (1) mes. No obstante, cuando en alguna de las categorías de que trata este capítulo, los auxiliares de la justicia inscritos tengan a su cargo el máximo de procesos fijados en la Ley 1116 de 2006, o no haya un número plural de auxiliares de la justicia para el sorteo, habrá lugar a efectuar de manera inmediata una convocatoria. La Superintendencia de Sociedades al momento de elaboración de la lista de promotores y liquidadores tendrá en cuenta los criterios estipulados en el presente decreto. Por ende, se señalan la lista de auxiliares de justicia, requisitos para la inscripción, requisitos para la inscripción en las diferentes categorías según la experiencia acreditada, documentos que deben acompañar la solicitud de inscripción, categorías de los deudores objeto del Régimen de Insolvencia, solicitud de inscripción según la experiencia acreditada, inscripción en la lista de auxiliares de la justicia para los procesos de insolvencia, escogencia del promotor o del liquidador, recusación y causales de impedimento para aceptar el cargo, sanciones y cesación de funciones, honorarios y gastos, determinación del Activo y del Pasivo Garantías (Artículos 2.2.2.11.2.1. al 2.2.2.11.6.2.)
 

Reglamenta los criterios referentes a la selección de auxiliares de la justicia para ocupar los cargos de promotor, liquidador o agente interventor, así como la evaluación de gestión y los sectores en los que se puede acreditar experiencia específica.
 

Adopción de manuales de usuario para tramitar los procesos, procedimientos y trámites de insolvencia, a través de mecanismos digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones