Se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez; disposiciones generales, art. 1 a 10. Organización y funcionamiento de las Juntas de calificación de invalidez, art. 4 a 21. Procedimiento, art. 22 a 40. Revisión de calificación, art. 41 a 43. Supervisión, control y vigilancia de las Juntas de Calificación de invalidez y responsabilidades de sus miembros, art. 44 a 47. Miembros de las Juntas de calificación de invalidez, art. 48 a 49. Manejo administrativo de las Juntas, art. 50 a 54. Disposiciones finales, art. 55 a 57.
 

Las juntas de calificación de invalidez no imparten justicia y su función se limita a determinar el grado de pérdida de la capacidad laboral en desarrollo de un experticio técnico y científico, que no reviste la calidad de providencia judicial. Los procedimientos adelantados por las juntas de calificación de invalidez no tienen naturaleza administrativa ni jurisdiccional, porque su finalidad es exclusivamente la certificación de la incapacidad laboral para efectos del reconocimiento de las prestaciones sociales que la requieren. En esa medida, los dictámenes que las juntas de calificación expiden no tienen la virtud de resolver de manera definitiva las controversias surgidas en torno al grado de invalidez ni de producir efectos de cosa juzgada, que es como propiamente la jurisprudencia constitucional ha definido la función jurisdiccional.
 

Si las decisiones de las juntas regionales o nacional de calificación de invalidez no son impugnadas ante la jurisdicción laboral, se convertirán en obligatorias para el efecto del reconocimiento de la prestación social solicitada. A la posibilidad de revisión prevista en decreto 2463 de 2001, se puede acudir cuando se presentan cambios en los síntomas o manifestaciones que se le puedan detectar a un trabajador accidentado o enfermo como consecuencia de nuevos exámenes practicados. Los cambios que se puedan presentar pueden tener el efecto de modificar el estado clínico del enfermo y, por tanto, el grado de pérdida de su capacidad laboral, pero en ningún caso variar su origen. Una vez emitido el dictamen por parte de la junta nacional de calificación de invalidez y existiendo diferencias, en este caso en cuanto a la calificación del origen de la enfermedad, se debe acudir a la justicia laboral; para ello se cuenta con el término general de prescripción de 3 años de acuerdo con lo previsto por el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.
 

De acuerdo con el contenido de los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, las juntas de calificación de invalidez son organismos de creación legal, conformados por particulares que tienen a su cargo la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de los usuarios del sistema de seguridad social. A simple vista podría pensarse que como los miembros de las juntas de calificación de invalidez son particulares, dichas juntas son entidades privadas, la Naturaleza jurídica y régimen jurídico, los artículos 42 y 43 no hacen referencia directa a estos elementos, pero de lo dicho al comienzo de este capítulo se evidencia que estas juntas son órganos del sistema de seguridad social que ejercen una función de peritaje, técnica y de tipo operativo y que incumbe el ejercicio de una función pública consistente en la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. En este contexto, habría que decir que el legislador tiene una amplia potestad de configuración para determinar la estructura de las entidades de la administración pública, por lo que no existe prohibición constitucional alguna para que aquél diseñe, según las conveniencias, el modelo jurídico que habrá de seguir una entidad en particular.
 

Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de invalidez son organismos del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia que corresponde a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, respecto de las regionales y conforme a la reglamentación que determine el Ministerio del Trabajo. (Artículo 1.2.1.5)
 

Adicióna un parágrafo al artículo 2.2.5.1.16 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, estableciendo que las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez actuarán como peritos dentro del proceso de determinación de pérdida de la capacidad laboral de las víctimas del conflicto armado, así mismo señala que el dictamen de pérdida de capacidad laboral que se expida únicamente tendrán validez para efectos de los trámites de la Prestación Humanitaria para Víctimas del Conflicto Armado Interno de una pensión mínima legal vigente.
 

Imparte instrucciones a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez de incluir en sus dictámenes un análisis del nexo causal entre el acto de violencia suscitado en marco del conflicto armado interno y el estado de invalidez.
 

Establece y adopta el Manual de Procedimiento para el Funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, el cual es de obligatorio cumplimiento por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; debe también ser observado por estas juntas para establecer su reglamento interno, actualizaciones y reformas correspondientes.