Reglamenta lo referente al uso, adecuación y restauración de los suelos que se encuentre en inexplotación, aplicación inadecuada, sujetos a limitaciones físico químicas, y con explotación inadecuada. En ese punto, los proyectos de adecuación o restauración de suelos deberán fundamentarse en estudios técnicos de los cuales se induzca que no hay deterioro para los ecosistemas. Dichos proyectos requerirán aprobación.
 

Decreto 322 de 1992, se dictan normas, usos complementarios y compatibles, instalaciones de obras de infraestructura, construcciones
 

Dicta medidas para la protección del suelo.
 

Artículo 30 Ley 388 de 1997 Clase Artículo 31 Suelo urbano Artículo 32 Suelo de expansión Artículo 33 Suelo rural Artículo 34 Suelo suburbano Artículo 35 Suelo de protección
 

A partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, la función de reglamentar los usos del suelo urbano compete a los concejos, cuando el ente municipal no pertenece a un área metropolitana. En caso contrario, dicha competencia es compartida, en el sentido de que los concejos municipales dictarán los reglamentos sobre los usos del suelo urbano, teniendo en cuenta los objetivos y criterios que señalen las normas generales que expidan las juntas metropolitanas
 

¿ la Alcaldía Local de Chapinero impone la medida de cierre definitivo del establecimiento¿, por considerar que la actividad allí desarrollada no se encuentra permitida conforme a las normas de uso del suelo que regulan el sector. ¿ existe total acierto del A-quo en la adopción de la decisión recurrida porque la sanción de cierre definitivo puede ser adoptada sin necesidad de agotar o culminar el trámite de gradualidad ante la imposibilidad de cumplir con uno de los requisitos establecidos en la ley, claro que se echa de menos la ausencia de consideración sobre la prohibición del comprobado ejercicio de la prostitución en dicho establecimiento, que le hubiera dado aún mayor soporte a la decisión. Tampoco ha dicho la ley, ni precedente judicial o administrativo alguno que en este tipo de actuaciones, cuando la segunda instancia confirma una sanción de multa o modifica cualquier otra para imponer multa, la primera no pueda después imponer el cierre, pues precisamente eso es lo que puede ocurrir cuando resulta procedente el procedimiento sancionatorio gradual establecido en la Ley 232 de 1995¿ la licencia de construcción sí pudo ser tramitada por el propietario del establecimiento de comercio y no necesaria y únicamente puede ser tramitada por el propietario del inmueble¿ En síntesis, por no estar permitida la actividad desarrollada por el establecimiento de comercio conforme a las normas que actualmente regulan el uso del suelo y con fundamento en las demás consideraciones, la Sala concluye que habrá de confirmarse la decisión adoptada por la Alcaldía Local.
 

Reglamenta Parcialmente la Ley 1083 de 2006 "por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible", estableciendo los estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de la vivienda, los equipamientos y los espacios públicos, necesarios para su articulación con los sistemas de movilidad, principalmente con la red peatonal y las ciclorutas que complementen el sistema de transporte y se establecen las condiciones mínimas de los perfiles viales al interior del perímetro urbano de los municipios y distritos que hayan adoptado plan de ordenamiento territorial, en los términos del literal a) del artículo 9o de la Ley 388 de 1997. Las disposiciones de este Decreto solo se aplicarán a las zonas y predios urbanizables no urbanizados sujetos a las actuaciones de urbanización a los que se les haya asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo en suelo urbano o de expansión urbana; también se aplicarán la planificación, diseño, construcción y/o adaptación de las vías del perímetro urbano del respectivo municipio o distrito. Además los municipios y distritos podrán establecer condiciones urbanísticas de calidades superiores a las previstas en el presente Decreto.
 

Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda. os planes de ordenamiento territorial señalarán los límites físicos y las condiciones generales del uso de los suelos rurales que deban ser mantenidos y preservados por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales, teniendo en cuenta la necesidad del crecimiento urbano y la adecuada utilización agrológica de dichas zonas.
 

Los certificados de uso del suelo expedidos por las autoridades departamentales o municipales, que prohíban o señalen como incompatible el ejercicio de actividades mineras, no podrán ser reconocidos como exclusiones o limitaciones, por parte de las autoridades para el trámite y obtención de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones de cualquier naturaleza que se requieran para el ejercicio de la actividad minera en el territorio de su jurisdicción.
 

Resuelve consulta sobre los términos para resolver la habilitación de uso restringido de comercio y servicios, sobre lo cual considera: (...) que el concepto de habilitación de uso es una facultad de ordenamiento que ejerce la secretaría Distrital de Planeación otorgada por el Decreto Distrital 364 de 2013, que posibilita o avala la localización de usos restringidos de comercio y servicios, por fuera de las áreas aprobadas por la misma norma, previo cumplimiento de las condiciones expresas allí establecidas. Teniendo en cuenta que el trámite de habilitación de uso, se inicia previa solicitud de los propietarios, es decir a petición de parte, y como el decreto distrital 364 de 2013, no señala de manera expresa plazo o término para el trámite, se considera que aplica las reglas generales del procedimiento administrativo común (...).
 

La Corte señala que la reglamentación de los usos del suelo es la más clara expresión de la descentralización y autonomía de las entidades territoriales por cuanto a través de ella se diseña y direcciona el desarrollo integral de las personas que habitan el territorio. En este sentido, la función de ordenamiento del territorio a nivel local se cumple, entre otras formas, mediante la acciones urbanísticas de interés público y social. Por lo tanto, declara EXEQUIBLE el inciso final del artículo 36 de la Ley 1709 de 2014, en el entendido de que las obras de construcción, adecuación o ampliación de infraestructura carcelaria se deben desarrollar conforme a la reglamentación de usos del suelo aplicables.
 

Se resuelve consulta acerca de la posibilidad de modificar el uso de unos predios que pudiesen tener similitudes jurídicas a otros con beneficios emanados de fallos del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Al respecto la entidad considera improcedente extender los efectos de las sentencias a quienes no fueron partes dentro de esos litigios.
 

Señala el marco reglamentario general para el uso del suelo en Colombia, según lo dispuesto en los tratados, convenciones y declaraciones que sobre el uso del suelo y la protección ambiental ha ratificado el Estado Colombiano.
 

Sobre la vigencia del Decreto Distrital 830 de 2000, "si bien estaban autorizados los usos urbanos, el funcionamiento de los mismos estaba condicionado a: (i) la ejecución de las obras previstas por la CAR y/o la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; (ii) las derivadas de la licencia de urbanismo que se expidiera; y (iii) la certificación de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (...)" "Para el caso particular de los predios objeto de la consulta, los propietarios debían cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 24 del Decreto Distrital 830 de 2000 y en el numeral 4° del artículo 515 del Decreto Distrital 619 de 2000 para la incorporación y desarrollo en usos urbanos, por lo tanto, mientras no se cumplieran con dichas condiciones solo se autorizaban los usos agrícolas en los mismos." Lo anterior, conllevó a que " al no cumplirse con el requisito de solicitar licencias de urbanismo y construcción dentro del término de un (1) año contado a partir de la expedición del Decreto Distrital 830 de 2000, según lo dispuesto en el régimen de transición previsto en artículo 515 del Decreto Distrital 619 de 2000, ni se llevaron a cabo las condiciones señaladas en su artículo 24, el desarrollo de los predios se deberá adelantar con fundamento en las normas contenidas en el POT y, en esa medida, se configura la pérdida de vigencia y por tanto de ejecutoriedad del citado Decreto, razón por la cual no se configura un derecho adquirido.
 

Trata sobre los comportamientos que afectan la actividad económica en lo relacionado con el uso del suelo en aplicación de la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, y específicamente la manera como se acredita el uso del suelo, reiterando que la expedición de la licencia construcción implica la certificación del cumplimiento de las normas y demás reglamentaciones en que se fundamenta y conlleva la autorización específica sobre uso y aprovechamiento del suelo, siempre y cuando se haya dado cumplimiento con todas las obligaciones establecidas en la misma. Por lo tanto, se debe verificar el contenido de la licencia con la actividad que se desarrolle en el establecimiento de comercio, así como el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el acto administrativo mediante la cual se aprobó.
 

Sobre la vigencia del Decreto 830 de 2000, "esta Subsecretaría acoge el concepto elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación, en el entendido que al verificar las condiciones establecidas en el artículo 24 del Decreto Distrital 830 de 2000 y no existir dentro de la revisión de la base documental de la SDP radicación y trámites de licencias de urbanismo y construcción frente a las áreas de incorporación para el desarrollo de los Usos Urbanos, y al estar vencido el plazo, no es factible hoy en día, la aplicación de dicha disposición por haber perdido fuerza ejecutoria la norma. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta las disposiciones vigentes, entre ellas que los predios se encuentran ubicados al interior de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá Thomas Van der Hammen
 

Señala que en el marco de la formulación del plan parcial en cuyo ámbito de delimitación se incluyan los suelos referidos (identificados inicialmente en el Decreto 0934 de 1971 como de propiedad del actual Distrito Capital y que se reconocen actualmente como espacio público), de debe acordar una estrategia de saneamiento inmobiliario y gestión de dichos suelos en función de las alternativas que la autoridad urbanística competente habilite, conforme a la aplicación del Decreto 088 de 2017.
 

Establece las normas de uso del suelo para Plan Parcial de Renovación Urbana Ferrocarril  Calle 13, ubicado en la localidad de Puente Aranda
 

Establece las normas de uso del suelo dentro del Plan Parcial de Renovación Urbana Bodegas del Rhin, ubicado en la localidad de Puente Aranda.
 

Establece las normas de uso del suelo para las unidades de actuación urbanística dentro del Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Central, hoy denominado Estación Metro 26, ubicado en las Localidades de Santa Fe y los Mártires.
 

Establece los usos del suelo permitidos en los sectores incorporados bajo el Tratamiento de Renovación Urbana en la modalidad de Reactivación sobre el corredor de la Primera Línea de Metro de Bogotá.
 

La Sala considera que las autoridades judiciales demandadas no habían desconocido el derecho a la igualdad de la accionante, en la medida en que la incompatibilidad de ciertos usos del suelo era relativa a servicios alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines con, en especial, usos residenciales y cualquier tipo de uso dotacional educativo, y no otro tipo de servicios o actividades, por lo que se concluye que no hubo vulneración de las garantías al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad de la accionante.
 

Se establecen los porcentajes mínimos de suelo destinado a la construcción de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), las condiciones e incentivos para su cumplimiento, en desarrollo del artículo 75 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 ´Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI y se adoptan otras disposiciones
 

Declara concertados los asuntos ambientales del proyecto de Plan Parcial número 15 Mazda Mavaia Plan de Ordenamiento Zonal Norte (POZ) Norte Ciudad Lagos de Torca de Bogotá D. C.
 

La Corte Constitucional indica que no son absolutas las facultades consejos municipales respecto a los uso de suelo por dos razones: se trata de una función subordinada a la Constitución y a la Ley (literal b) y, aunque la competencia se radica expresamente en los concejos municipales, en el ordenamiento territorial concurren competencias de otros niveles territoriales (literal c). De esta manera, resultan legítimos los instrumentos que buscan hacer compatible la autonomía de los municipios para la reglamentación de los usos del suelo, con el principio de unidad estatal.
 

Emite concepto sobre las limitaciones la destinación del predio como vivienda para hacer uso de ella como turismo, se responde que no existe limitación desde la normatividad urbana, ya que corresponde a una actividad económica del sector turismo. La vivienda de turismo no es contemplada como un uso del suelo según la reglamentación del PEMP del Centro Histórico de Bogotá, lo cual, coincide con lo definido por la reglamentación Distrital, bajo las mismas consideraciones a las disposiciones de la ley que regula los servicios turísticos.