Crea el Consejo Superior de Política Criminal como organismo asesor para la formulación de la Política Criminal del Estado a cargo del Presidente de la República.
 

Reglamenta el funcionamiento del Consejo Superior de Política Criminal, así como todos los asuntos relacionados con las instancias técnicas y demás que se requieran para su normal funcionamiento. Define su naturaleza, funciones, quórum, decisiones, asistentes, invitados, participación, actas, integración, sesiones, deberes de los miembros, presidente, instancias técnicas, informes, entre otras disposiciones.