Expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Establece los deberes de las autoridades de policía, entre ellas, el de respectar y hacer respetar los derechos y las libertades que establecen la Constitución Política, las leyes, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano (Art. 10). Señala que a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana. Son autoridades de Policía: 1. El Presidente de la República. 2. Los gobernadores. 3. Los Alcaldes Distritales o Municipales. 4. Los inspectores de Policía y los corregidores. 5. Las autoridades especiales de Policía en salud, seguridad, ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público y las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos. 6. Los comandantes de estación, subestación y de centro de atención inmediata de Policía y demás personal uniformado de la Policía Nacional. Determina igualmente que el Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación y las entidades territoriales en lo de su competencia, están investidos de funciones policivas especiales para la imposición y ejecución de las medidas correctivas establecidas en esta la ley. Cuando se presenten casos de afectación de Bienes de Interés Cultural se regirán exclusivamente en lo de su competencia para la imposición y ejecución de medidas correctivas por las disposiciones establecidas en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008. (Art. 198)
 

Imparte lineamientos institucionales para el restablecimiento del orden publico en: 1. Manifestación Pública, 2. Huelga, 3. Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, 4. Obstrucción a vias que afecten el orden público, 5. Enfrentamiento entre barras organizadas de hinchas de futbol, 6. Asonadas, 7. Erradicación de cultivos ilícitos, 8. Explotación ilícita de yacimientos mineros, 9. Riñas colectivas, 10. Motines en establecimientos carcelarios o penitenciarios, 11. Usurpación de inmuebles o tierras por parte de la Policia Nacional.