Dicta disposiciones referentes al pago de los servicios de salud por parte de las Entidades Territoriales de más de cien mil (100.000) habitantes y las Entidades Promotoras de Salud a los Prestadores de Servicios de Salud.
 

Corresponderá a las entidades territoriales, en cabeza del alcalde y gobernador, adelantar las acciones necesarias para organizar y poner en funcionamiento esta instancia en sus territorios, de acuerdo con los lineamientos y parámetros definidos en el Mecanismo de Coordinación Nación- Territorio, teniendo en cuenta sus competencias y el principio de autonomía de las entidades territoriales.
 

En el marco de los procesos de la gestión de la Salud Pública, las Direcciones Territoriales de Salud deben establecer escenarios de trabajo con otros sectores, entidades y organizaciones (Registraduría Nacional del Estado Civil, servicios sociales, Defensoría de Familia, Comisarías de Familia, Migración Colombia, entre otras instituciones) que permitan realizar un análisis de situación de salud de la población migrante, así como definir planes de acción y activar rutas intersectoriales de atención, con énfasis en los grupos más vulnerables y sujetos de protección especial (mujeres, mujeres gestantes, niños, niñas y adolescentes, adulto mayor, y personas en situación de discapacidad.
 

Solicita a los Ministerios, Departamentos Administrativos, entidades descentralizadas del orden nacional, Gobernadores y Alcaldes, brindar toda la colaboración al señor Vicepresidente de la República, quien tiene bajo su responsabilidad la coordinación y ejecución de las acciones requeridas en el marco de la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia Demos el Primer Paso, durante los días 6 al 10 de septiembre del año en curso.
 

Reglamenta el artículo 57 de la Ley 1537 de 2012, con el objeto de establecer el marco para el funcionamiento, operación y administración del Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (Sinas), en desarrollo del artículo 57 de la Ley 1537 de 2012. Establece que cualquier persona pública o privada que solicite o ejecute recursos públicos que tengan impacto directo o indirecto en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, en suelo urbano o rural, sin importar la proporción o monto de los recursos, deberán reportar sus iniciativas de proyectos de inversión al Sinas, para efectos de la viabilización de proyectos de agua potable y saneamiento básico, en los términos establecidos en el Anexo 1° denominado Reporte de Iniciativas de Proyectos de Inversión Entidad Territorial y en el Anexo 2° denominado Reporte de Iniciativas de Proyectos de Inversión Gestor (PDA).
 

Da instrucciones sobre el uso de los recursos transferidos con cargo al Fosyga - numeral 3 del artículo 21 de la ley 1797 de 2016, el cual determina que los excedentes del Sistema General de Participaciones destinados al componente de Salud Pública, que no se encuentren comprometidos para atender las acciones de salud pública y los recursos de transferencias realizados por el Ministerio de Salud y Protección Social con cargo a los recursos del Fosyga de vigencias anteriores, se podrán destinar para el pago de las deudas por servicios y tecnologías en salud no cubiertas con cargo a la UPC del Régimen Subsidiado y deberá informar a la ADRES el monto que dispondrá para el pago de deudas, esta su vez verificará y certificará que provengan de la fuente dispuesta por la ley para el efecto. En aquellos casos en que los recursos transferidos con cargo al Fosyga correspondan a proyectos de infraestructura o dotación avalados por este Ministerio, se requerirá la certificación de cumplimiento por parte de la Dirección u Oficina encargada del seguimiento a dichos recursos, en el marco de las obligaciones que contenga la correspondiente resolución de giro.
 

Los órganos, organismos y entidades orden nacional y territorial deberán reportar anualmente el cumplimiento de este porcentaje al Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Formulario Único de Reporte Avance de la Gestión FURAG en su versión II, o el mecanismo que haga sus veces.
 

Declaratoria de inexequibilidad del Decreto número 580 de 2020, por el cual se dictan medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
 

Hasta el 31 de diciembre de 2020, las entidades territoriales podrán asumir total o parcialmente el costo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los usuarios, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos con que cuenten para el efecto y la necesidad de priorizar las asignaciones para las personas de menores ingresos. En aque-llos casos en que las entidades territoriales decidan asumir total o parcialmente el costo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, dichas entidades deberán girar a las personas prestadoras la parte correspondiente de la tarifa que haya sido asumida por el ente territorial respectivo, por cada uno de los suscriptores y/o usuarios beneficiarios de la medida, y suscribirán los actos y/o contratos que se requieran a tal efecto.
 

La Corte Constitucional declaro INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 580 del 15 de abril de 2020 Por el cual se dictan medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por no haber cumplido con los criterios formales que rigen el control de constitucionalidad de los decretos legislativos expedidos al amparo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.
 

Asigna la función de armonizar los Planes Locales de Seguridad Vial que diseñen e implementen las entidades territoriales con lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022 - 2031. Dicha armonización deberá llevarse dentro de los doce meses siguientes a la expedición del Decreto 1430 de 2022.
 

Crea un marco normativo transitorio para que las entidades territoriales, obligadas a brindar la alimentación a personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria cuenten con un marco temporal suficiente para planear los aspectos presupuestales y contractuales para asegurar la prestación de este servicio.