Conceptúa sobre la posibilidad de expedir "constancia de cumplimiento de requisitos académicos", pese al hecho de adeudar dineros relacionados con las correspondientes matriculas, no obstante lo normado en el parágrafo segundo del artículo primero de la Resolución rectoral No. 165 de agosto 14 de 1998, en el sentido de que "la coordinación del proyecto curricular de posgrado no podrá expedir ningún documento académico administrativo si el estudiante no se encuentra a paz y salvo con la coordinación de tesorería, haciendo referencia al mismo tiempo sobre la posición de la Corte que, con miras a unificar su postura en lo referente a la prevalencia de las garantías fundamentales de los educandos frente a las medidas restrictivas adoptadas por los establecimientos educativos para obtener el pago de las pensiones adeudadas, determinó que el amparo constitucional a favor de los educandos procede siempre y cuando se verifique (i) la imposibilidad sobreviniente para pagar las pensiones escolares, tales como, la pérdida intempestiva del empleo o la enfermedad catastrófica, entre otras y; (ii) la intención de pagar, es decir, las conductas que el deudor asuma en aras de cumplir con la obligación pactada, como por ejemplo, la suscripción de un acuerdo de pago.