La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal declara disciplinariamente responsable a CARLOS ARTURO LOPEZ ANGEL en su condición de Gobernador del departamento de Risaralda y lo sanciona con multa de treinta (30) días de sueldo, equivalente a ocho millones ciento sesenta y un mil trescientos diez pesos ($8.161.310) toda vez que suscribió el contrato de consultaría N. 121 de 27 de noviembre de 2000, con el señor AREND JOB DE WILDE, para realizar el estudio de impacto ambiental, de la vía Cortaderal a la vía Villamaría - La Laguna del Otún, para ser ejecutado hasta el 31 de diciembre del mismo año, por a suma de 20.000.000, sin la debida planeación que la naturaleza del objeto contractual exigía, concretamente sin haber efectuado previamente los estudios necesarios tales como los levantamientos topográficos del corredor vial sobre el cual se realizaría el estudio de impacto; aunado a lo anterior el grado de culpabilidad se califica como culposo, por cuanto no obra en el expediente prueba alguna que permita establecer que la intención del disciplinado era desconocer las disposiciones sobre la materia y al contrario lo que se nota es falta de cuidado en el ejercicio de sus funciones como quiera que al momento de la celebración del contrato cuestionado, no precisó con sus colaboradores si se contaban con todos los requisitos para dar inicio a la ejecución de los trabajos contratados, pues el como responsable de la actividad contractual del departamento, estaba en la obligación de prever y exigir el cumplimiento de las exigencias mínimas que se requieran para ser posible la ejecución de las obras o trabajos contratados por el ente territorial.
 

Imparte lineamientos para la contratación de prestación de servicios, con el fin de evitar el riesgo jurídico de que se configuren relaciones laborales encubiertas. Esta directiva va dirigida a Ministros, Directores de Departamentos Administrativos, Representantes Legales de Los Organismos y Entidades del Sector Central y Descentralizado del Nivel Nacional.
 

Modifica el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, definiendo a las siguientes entidades para contratación estatal: Cabildo Indígena, Consejo comunitario de las comunidades negras, Formas o expresiones organizativas, Organizaciones de Base, Organizaciones de Segundo Nivel, Consorcio, Unión Temporal y Asociaciones de autoridades tradicionales indígenas.
 

Expide regulación para la contratación de prestación de servicios, criterios para fijar tarifas de honorarios, definición de experiencia y su certificación, cómo se contabilizan las equivalencias, sobre la actualización de honorarios, la categorización de contratos celebrados con personas naturales, entre otros.
 

Lineamientos de orden Nacional y Distrital frente a la transparencia y legalidad en la contratación de la Secretaría Jurídica Distrital. Los contratistas de la entidad contratados bajo la modalidad de prestación de servicios, tanto profesionales como de apoyo a la gestión, actualizar a la fecha de presentación del primer trámite de pago, el documento"Formato de relación de contratos de prestación de servicios persona natural"relacionando todos los contratos vigentes con el Estado.
 

Imparte concepto jurídico en relación con la fecha permitida para expedir Certificados de Registro Presupuestal (CRP), con el fin de amparar compromisos de contratación directa, en el marco de la Ley 996 de 2005.
 

Pregunta de que si es posible suscribirlos mediante la modalidad de contratación directa durante el período de restricción que contempla la Ley 996 de 2005?, los contratos de comodato en ley de garantías se encuentran restringidos si estos son contratados a través de la modalidad de contratación directa. En este sentido, sólo procederá dentro del término restrictivo para las elecciones contempladas en la Ley 996 de 2005, cuando se haga a través de convocatoria pública.