Modifica la Ley 1708 de 2014, respecto a los derechos del afectado, en cuanto al acceso al proceso, el cual será desde la notificación del auto admisorio de la demanda de extinción de dominio, o desde la materialización de las medidas cautelares; entre otros.
 

La Corte Constitucional indica que cuando se constituye un gravamen real sobre los bienes de origen y destinación lícita, la facultad persecutoria del Estado se mantiene, aunque dejando a salvo los derechos de quienes, de buena fe exenta de culpa, hayan constituido gravámenes sobre tales activos.