Adiciona el Título 8 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa, con el fin reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia en temas como la atención y trámite de Peticiones, Quejas y Reclamos, el funcionamiento de los Consejos de Seguridad y Convivencia, el Registro Nacional de Medidas Correctivas, la administración para el cobro y recaudo de dineros por concepto de multas, los sitios para el traslado por protección, las actividades pedagógicas de convivencia y difusión del Código, el acceso a la información a través del Registro Único Social y Empresarial del Estado (RUES) y la actividad de policía en aguas jurisdiccionales colombianas.
 

La Corte declara exequibles las expresiones demandadas contenidas en el artículo 150 de la Ley 1801 de 2016, por medio de la cual se expidió el Código Nacional de Policía y Convivencia, por considerar que el legislador actuó dentro del margen de las competencias establecidas para regular los procedimientos administrativos (C. Pol. art. 150-1-2), y con su actuación no desconoció las previsiones del artículo 29 superior, toda vez que ante la imposibilidad de fijar expresamente un término facultó de manera razonable a la autoridad para que, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, asigne un espacio de tiempo, actividad que deberá llevarse a cabo con estricto acatamiento de los valores, principios y derechos constitucionales, especialmente los de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, mencionados por el artículo 8º del Código Nacional de Policía y Convivencia.
 

Declara exequibles las expresiones "De manera excepcional" y "podrá" consagradas en el parágrafo 1° del artículo 52 de la ley 1801 de 2016 y declara exequible de manera condicionada el inciso primero del artículo 62 de la ley 1801 de 2016 y las expresiones "podrá" contenidas en los incisos tercero y cuarto de la misma disposición, como consecuencia de que la Policía Nacional podrá determinar la forma como ejercerá sus facultades y competencias en actividades que involucren aglomeraciones de público complejas, siempre y cuando no se desatienda las obligaciones consagradas en los artículos 2 y 218 de la Constitución Política y la ponderación de las características de cada evento.
 

Establece competencias y atribuciones a las Autoridades Distritales de Policía, en el marco de las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia.
 

La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 92 (numerales 1, 6, 10, 12 y 16 y parágrafo 2 parcial) y 183 de la Ley 1801 de 2016, [p]or la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, presentada con fundamento, principalmente, en dos cargos: por desconocimiento del principio de legalidad, en relación con los enunciados demandados del artículo 92, sobre requisitos para el ejercicio del comercio; y por desconocimiento del non bis in ídem y los principios de proporcionalidad y razonabilidad, en relación con el artículo 183, que prevé diversas consecuencias por el no pago de multas de Policía.
 

Responde a la inquietud del peticionario sobre la caducidad de la potestad sancionatoria del Estado en materia de infracciones al Derecho Urbanístico. La no operancia de la caducidad sobre terrenos públicos. Ley 1801 de 2016
 

Profiere concepto jurídico sobre infracciones urbanisticas con motivo de la expedición del Decreto Distrital 555 de 2021, precisando que si bien el referido decreto efectúo la derogatoria expresa del Decreto Distrital 190 de 2004, esto no quiera decir que haya dejado sin efecto las decisiones adoptadas por las autoridades de policía por los hechos ocurridos en vigencia de este último.
 

Declara INEXEQUIBLE la expresión que genere molestia a la comunidad contenida en el literal b, del numeral 2, del artículo 33 de la Ley 1801 de 2016, por ser ambigua, vaga e indeterminada, adicionalmente concluyó que se trataba de un concepto jurídico indeterminado debido a que su aplicación, por parte de la autoridad de policía, implicaba la violación del principio de estricta legalidad, pues quedaba a su arbitrio o capricho interpretar el alcance de dicha expresión en una situación en concreto.