Regula el trámite de convalidación de los títulos de educación superior, otorgados por instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior Para efectos del trámite de la convalidación de títulos de pregrado y de posgrado, se deberá realizar una evaluación legal de la información y en su orden verificar los criterios aplicables.
 

Cuando se solicite la convalidación de un título de pregrado en derecho, además de lo establecido en el artículo 4° de la presente resolución, se debe presentar una certificación en la que conste la aprobación de estudio de las asignaturas específicas de la legislación colombiana, además de ello se debe presentar la Certificación de Prácticas Educativas y Pedagógicas, con la cual se pueda demostrar una equivalencia de créditos u horas de práctica con relación a los programas de licenciatura que se ofrecen en Colombia.
 

Regula el proceso de convalidación de títulos de educación superior, otorgados en el exterior por instituciones legalmente autorizadas para ello, por parte de la autoridad competente en el respectivo país.
 

Señala la Corte que del proceso de convalidación hacen parte dos etapas fundamentales. La primera, es el examen de legalidad, en el que se analiza, entre otros factores, la naturaleza jurídica de la institución que expide el título y del título mismo, la existencia de un sistema de aseguramiento de la calidad o de las condiciones de calidad de la educación superior en el país de origen y la acreditación de la institución o del título que se solicita convalidar, y la existencia de convenios o tratados internacionales aplicables. La segunda, implica la ubicación del trámite en uno de los siguientes criterios: acreditación o reconocimiento de calidad, precedente administrativo y evaluación académica.
 

Ajusta y actualiza el procedimiento de convalidación de estudios de educación preescolar, básica y media realizado en el exterior, como consecuencia de que el asunto a estudio no ha sido actualizado por más de cuatro décadas, y por ende no contempla factores como el aumento e la población migrante en el territorio nacional y la armonización de los sistemas de información.