La función pública comporta "el conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes órganos del Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus diferentes cometidos y, de este modo, asegurar la realización de sus fines". Para ello se requiere asegurar que quien la realice cumpla unos parámetros mínimos de conducta en los que predominen los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, conforme lo exige el artículo 209 de la Constitución Política.
 

La función pública está circunscrita por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (art. 209 C.P) establecidos por el constituyente primario y el mandato de legalidad (art.29 CP). Por ello, el ámbito de acción de todas las entidades públicas está delimitado a lo que le está expresamente facultado por la ley, inclusive cuando se trata de actuaciones de carácter administrativo.
 

Para el cumplimiento de los fines que la Constitución le asigna, la actividad estatal requiere de una planta de personal vinculada al sector público en los términos del artículo 125 Superior. Bajo ese entendido, el sistema de carrera es la regla general de la forma en que el Estado selecciona las personas con las que cumplirá sus funciones. De igual manera, el acceso al servicio público, conforme a la Ley 909 de 2004, puede darse en una de las siguientes clases: i) libre nombramiento y remoción; ii) empleos de periodo fijo y, iii) aquellos que son temporales. Conforme a lo expuesto, los cargos de carrera permiten el ingreso a la función pública mediante el concurso de méritos en el que las personas demuestran sus calidades y cualidades para ejercer el respectivo cargo al que aspiran, bajo estrictos criterios de igualdad e imparcialidad, mediante mecanismos de escogencia objetiva