La normativa vigente contempla la pensión de sobrevivientes, la devolución de saldos a favor y el auxilio funerario, como las prestaciones originadas en la muerte, las cuales deben ser reconocidas por la entidad competente en cada caso y bajo el cumplimiento de los requisitos para ser tenido como beneficiario. Finalmente, la financiación del sistema se da a partir de una afiliación que debe ser pagada por el empleador o por la cooperativa de trabajo asociado, según el caso, la cual se calcula sobre el ingreso salarial y su porcentaje depende del nivel de riesgo al que esté expuesto el trabajador.
 

La pensión de sobreviviente tiene como propósito satisfacer la necesidad de subsistencia económica que persiste para quien sustituye a la persona que disfrutaba de una pensión o tenía derecho a su reconocimiento, una vez sobrevenga el fallecimiento de ésta y mientras dure la condición que le impide proveerse de ingresos propios, en razón a la desprotección que se genera por esa misma causa. En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que, una vez obtenida la pensión de sobreviviente, esta prestación adquiere la condición de derecho fundamental por estar contenida dentro de los valores tutelables como el derecho a la vida, a la seguridad social, a la salud, al trabajo y la educación. Esta condición permite que, en determinadas circunstancias, el pago de esta prestación sea susceptible de protección por vía de tutela.
 

Establece el mecanismo de cobertura que permita a las aseguradoras de vida cubrir el riesgo del deslizamiento del salario mínimo, que presentan las pensiones de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 1328 de 2009. Serán sujetas de la cobertura las rentas vitalicias inscritas que reconozcan mesadas de salario mínimo o aquellas que a futuro sean susceptibles de reconocer mesadas de salario mínimo. Se entiende por deslizamiento de salario mínimo la diferencia entre el cambio porcentual del salario mínimo legal mensual vigente y la variación porcentual del índice de precios al consumidor del año anterior certificado por el DANE.
 

La pensión de sobrevivientes o sustitución pensional es una de las expresiones del derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política. Esta prestación tiene por objeto principal brindar una especial protección de tipo económico a la familia del asegurado o pensionado que fallece. En uno de sus primeros pronunciamientos el Tribunal Constitucional indicó que la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes, tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección.
 

La Sala Plena de la Corte Constitucional ordena a la Sala de Descongestión N°1 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia con fundamento en el precedente adoptado por la Corte Constitucional, según el cual, el régimen pensional previsto en la Convención Colectiva de trabajo vigente al 26 de junio de 2003, se extendió a los nuevos empleados públicos, antes trabajadores oficiales, hasta la finalización de la vigencia inicial de dicha normativa, es decir, el 31 de octubre de 2004.