El demandante considera que la norma que faculta al fiscal para ordenar, directamente, sin que medie autorización del juez de control de garantías, la devolución de bienes y recursos incautados u ocupados con fines de comiso a quien tenga derecho a recibirlos, cuando ellos no sean necesarios para la indagación o investigación, o se determine que no se encuentran en circunstancias en las cuales efectivamente procede el comiso, vulnera el artículo 250.3 de la Constitución que exige previa autorización judicial para la adopción de medidas que afecten derechos fundamentales. Menciona como derechos comprometidos en la medida cuya competencia se adscribe al fiscal la propiedad, el debido proceso, la intimidad, el trabajo e incluso la vida.